Esto se desprende de un extenso informe de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El 16 de abril de 2015 el Ministerio de Ambiente y Producción de la Provincia de Salta presentó junto a la Fundación Proyungas un documento de Actualización y Fortalecimiento del OTBN que fue fuertemente cuestionado en la audiencia pública por las organizaciones sociales convocadas.
La propuesta crea una nueva categoría de Áreas Transformadas (AT), mediante la cual se pretende legitimar a través de la actualización del OTBN, los desmontes de bosques nativos de 5.000.000 hectáreas.
Según el proyecto de actualización del OTBN provincial, estas AT corresponden a: AT ocurridas hasta 2007 y parte de 2008 que suman 1.950.426 hectáreas, identificadas en la cartografía digital del OTBN de Salta, aprobada en 2009, AT actualizadas (ATa), que representan 465.406 hectáreas desmontadas desde fines de 2008 hasta 2014 de manera legal o ilegal", entre otras áreas transformadas.
La AGN indicó además en su informe que el proyecto de actualización del Ordenamiento "también legitima las superficies re categorizadas que corresponden a las autorizaciones de re categorizaciones prediales autorizadas en 32 fincas por la provincia de Salta legitimando así, una actualización de superficie que es claramente violatoria de la ley 26.331", o sea, la Ley de Bosques Nativos.
En sus consideraciones, los auditores sostuvieron que los desmontes en cuestión "deben ser categorizados como desmontes ilegales si tenemos en cuenta que una norma provincial no puede alterar nunca los estándares mínimos de protección ambiental otorgados por las leyes nacionales de presupuestos mínimos".
Instancia de reclamo
Por la suspensión de los desmontes en estas 32 fincas (que siguen pese a la disposición de la Nación y la Provincia), la ministra de Ambiente, Trabajo y Producción, Paula Bibini, indicó que se presentaron algunos recursos administrativos por parte de los privados. Y es que la Povincia fue la que facilitó las normas para realizar el desmonte en cuestión entre 2011 y 2014, cuando derogó el decreto que permitía recategorizar las áreas a conservar en zonas verdes para desmontar.
