Una denuncia originada en 2013 en la Cámara de Diputados fue inicio del amparo que a cinco años de ese hecho, recién se avanza con el procedimiento para conseguir información respecto de los trámites realizados por la Inversora Juramento, que cuenta con la actividad de engorde bovino a corral en el departamento Anta.
El fiscal solicitó informes a la Municipalidad de Joaquín V. González respecto a los trámites ambientales presentados por Inversora Juramento SA, como así también documentación relacionada a la habilitación de la misma por parte de esa comuna. Estos ingresaron el 8 de diciembre de 2013 y ante la falta de respuesta se reiteró el 22 de enero de 2014.
El 3 de febrero de 2014, el municipio a través de la Coordinadora Ejecutiva de Ingresos Públicos, contadora Sandra Páez, respondió los pedidos pero sin precisar la información requerida, sobre todo respecto a la información y participación social exigida por la ley. Se aludió a que tal certificación ambiental había sido presentada, pero fue observada por la Municipalidad, sin dar detalles de los puntos cuestionados.
Presentan el amparo
Según se informó desde el Ministerio Público, la insistencia de la Fiscalía continuó durante todo 2014, hecho que llevó al fiscal a plantear al año siguiente un recurso de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia de Joaquín V. González, a cargo de la jueza Patricia Rahmer. La jueza resolvió hacer lugar al recurso recién en agosto de 2017, y la Municipalidad quedó obligada a presentar la documentación requerida desde la fiscalía.
La jueza había ordenado en su fallo que la información debía ser "actualizada", lo cual involucraba que el Municipio debía presentar el estudio en cuestión, las observaciones realizadas por la Municipalidad, las audiencias y dictámenes técnicos realizados como así también las acciones que la empresa ejecutó en consecuencia.
Apelación e irregualidades
Pero la Municipalidad mostró su negativa nuevamente al apelar el fallo de la jueza y aludió supuestas irregularidades y deficiencias formales que derivaron en la afectación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso.
La apelación fue girada a la Corte de Justicia, la que el 5 de diciembre pasado, en un fallo unánime, resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Municipio, con lo cual confirmó el fallo de la jueza Rahmer y la acción iniciada por la Fiscalía a fin de poder obtener la información necesaria respecto a las actuaciones preliminares iniciadas.
