Este reclamo se refiere a las demandas habitacionales. Además advirtieron sobre las condiciones de precariedad en las que se encuentran desde hace meses; y los hechos de violencia y hasta discriminación de los que fueron protagonistas en numerosas oportunidades.
“Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, como dicen la declaración de DDHH y los pactos internacionales, sin importar dónde haya nacido. No obstante, los datos evidencian que la enorme mayoría de nosotros provenimos de la propia capital salteña, al contrario de las afirmaciones de quienes apelan a la xenofobia para desacreditarnos.
Nos vimos empujadas y empujados a venir aquí por extrema necesidad”.
Informe de la universidad
Asimismo, se conoció un informe preliminar del censo encomendado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta a la cátedra Seminario de Antropología Urbana dependiente de esa unidad académica.
Los datos recabados, luego de 3 días consecutivos de relevamiento en el predio del asentamiento, el equipo de investigadores constató la presencia en el lugar de 346 unidades domésticas (familias), que reúnen un total de 1207 personas. De éstas, 559 son mujeres (el 55%) e incluyen a 537 niños.
El grupo de académicos encontró que “el hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas” fueron las causas que impulsaron la ocupación del predio.
El informe describe las condiciones en las que viven desde hace más de 7 meses: "En carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta 2 y 3 familias”; sin provisión de agua potable ni energía eléctrica; utilizado letrinas improvisadas, muchas de las cuales están colmatadas; bajo condiciones ambientales que "no reúnen los requisitos mínimos de un espacio saludable"; en carpas/viviendas levantadas sobre un terreno irregular de tierra y ripio; y donde el servicio público de recolección de basura se niega a retirar los desperdicios.
El documento también muestra que son trabajadores y trabajadoras que en general sólo pueden acceder a empleos eventuales y "en negro"(66% de la población adulta) o buscan trabajo sin conseguirlo (21%). A pesar de ello, la mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que ubica por debajo de la línea de indigencia.
“Consideramos muy necesario que la población y el Estado conozcan nuestra realidad en base a un estudio hecho con seriedad y responsabilidad”, finaliza el comunicado.