Mientras prosiguen viaje para desembarcar este martes a la madrugada al departamento de General Güemes esperan que el ministro de la Producción Martín de los Ríos les confirme día y hora la reunión.
Desde el 18 de octubre que unos 80 pequeños productores de la ruta 81, que atraviesa los departamentos de San Martín y Rivadavia, representando a 400 familias emprendieron una marcha campesina a pie desde Fortín Dragones hacia la ciudad de Salta. Por cansancio físico desde Pichanal que se movilizan en vehículo.
En el departamento de General Güemes, ya sea en Campo Santo o en la misma General Güemes (depende del lugar donde puedan acampar), la comitiva se reorganizará para tomar contacto con los representantes del Gobierno provincial y avanzar en un acuerdo sobre los siete puntos planteados por los campesinos en su petitorio. Una comitiva de diez personas fue elegida en la marcha para llevar adelante el diálogo con las autoridades provinciales.
"Si no nos confirman nada de la reunión vamos a volver a marchar a pie, desde Güemes hasta Salta, para visibilizar la situación", indicó Daniel Burgos, dirigente de la Asociación Guardianes del Monte, entidad de base del Frente Nacional Campesino.
Entre los temas que piden los campesinos chaqueños están la reglamentación de la ley Nº 7.658 que fue promulgada en 2010 y crea el Programa de Regularización Dominial y asistencia para pequeños productores agropecuarios. En los últimos años, la Legislatura provincial solo modificó el artículo 9, que suspende los desalojos. También quieren que el Gobierno nacional reglamente la ley 27.118, promulgada en 2015, que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, y crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio. Adicionalmente, plantean que no solo sufren desalojos judiciales, sino extrajudiciales, a través de distintas maniobras y testaferros que obligan al campesino a irse. Tal es el caso de una mujer que por razones de salud tuvo que instalarse un tiempo en la ciudad y cuando regresó encontró su casa quemada.
“No somos los Segovia los únicos que tenemos inconvenientes con el señor (Gianfranco Macri), también está la señora Torrez del puesto Las Delicias; Arroyos y la familia Ponce”, contó Viviana Segovia, hija de Morocho Segovia, que mantiene conflicto con Macri por la tierra.
“Se deberían hacer revisiones exhaustivas de cómo se vendieron las tierras, como accedieron los titulares registrales. El punto más conflictivo para el Gobierno, nos lo dijo el ministro Martín de los Ríos, son las sentencias establecidas. Nosotros entendemos que con la ley 7658 y su reglamentación, sería un gran avance porque permitirá tener la titularidad de las tierras”, agregó.
Aclaró que la prórroga de la suspensión de los desalojos no alcanza para frenar los conflictos judiciales.
