Al respecto, en el caso del Senado tuvo ingreso un proyecto de ley por el cual se dispone la adhesión de la Provincia a la ley nacional 27.499 "Ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado". Se trata de la normativa más conocida como Ley Micaela.
El proyecto de ley es de autoría de los senadores Silvina Abiles (La Caldera-MMS) y Diego Perez (Rosario de la Frontera-PJ) e ingresó con el número de expediente 90-27649/19. El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Cuando se concrete la primera sesión ordinaria que puede ser en la primera semana de abril o bien antes de la primera quincena, tendrá estado parlamentario y será derivada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.
Posteriormente, una vez con media sanción, pasará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Con ello la capacitación será obligatoria para el personal del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo como lo establece la normativa nacional. El objetivo de la ley es de “capacitar y sensibilizar en la temática de género y violencia contra la mujer” a todos los funcionarios públicos.
La ley Micaela
La ley Micaela fue sancionada en definitiva por el Senado de la Nación el 18 de diciembre pasado, luego del femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay en abril de 2017.
El caso tuvo gran repercusión nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita.
El femicida Sebastián Wagner, de 30 años, fue condenado a prisión perpetua.
Programa permanente
La ley Micaela, establece la formación con perspectiva de género de todos los funcionarios estatales. La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a todos los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado.
