Los ediles llevaron adelante en la jornada de ayer en el recinto del Concejo Deliberante una nueva sesión ordinaria, donde entre otros temas, aprobaron un proyecto de resolución donde exigen que la intendenta Bettina Romero, derogue el decreto Nª 443/2021.
En dicha reglamentación municipal se delega a la Secretaría Legal y Técnica la decisión de convocar, la convocatoria, la realización y la adopción de las decisiones en caso de toda audiencia pública. Eso implicaba que el secretario Daniel Nallar, era la persona que llevaría adelante todos estos procesos de participación ciudadana.
José Gauffin, concejal del bloque de Juntos por el Cambio, afirmó a Nuevo Diario que este decreto es ilegal porque “no puede un decreto cambiar lo que establece una ordenanza, hay ordenanzas específicas que establecen como es el procedimiento y cuando se realiza una audiencia pública”.
“No puede concentrar una sola persona algo que cada ordenanza establece quien es el organismo de aplicación”, aseveró el concejal.
Gauffin puso de ejemplo el caso del crematorio municipal y sostuvo que “no puede un secretario Legal y Técnico coordinar, llevar adelante y concluir con las ponencias que se exponen ahí de una audiencia ambiental porque no es su conocimiento”.
La ordenanza 12.745 establece el procedimiento para evaluar los estudios de impacto ambiental donde establece la audiencia pública y el organismo de aplicación, que es la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad. Para Gauffin “entonces ese decreto viola lo que establece la ordenanza”.
Por su parte la concejal Paula Benavidez sostuvo que el decreto “avanza sobre facultades que tiene el Concejo Deliberante”.
“Esperamos que el ejecutivo municipal entienda que existen ordenanzas vigentes que deben respetarse y que existe un cuerpo legislativo que no solo tiene la facultad de legislar sino de controlar los actos de gobierno”, dijo la edil.
El proyecto de resolución elevado por el cuerpo deliberativo fue realizado por la Comisión de Legislación General, la cual preside Benavidez.
“Este Decreto viene a dejar de lado lo que fija la normativa en los artículos 4 y 5, en donde se consigna la autoridad competente para convocar a audiencia pública”, finalizó.
