Así lo indicó a Nuevo Diario Rubén Quispe, referente de este grupo, que en Salta asciende a 7 mil, luego de su viaje a Buenos Aires, en donde mantuvo un encuentro con Fernando Blanco Muiño, el Secretario de Defensa del Consumidor de la Nación, junto con representantes de otras provincias, para plantear la situación que apremia y que en algunos casos se encuentra judicializado.
Tras una extensa reunión con el secretario nacional, Quispe señaló que firmaron un acta: “Fue para dejar sentado nuestro pedido formal”, que solicita la suspensión de los cobros de cuotas por parte de los planes durante seis meses y/o hasta que se retrotraiga al valor de la última cuota pagada.
“Solicitamos se suspendan las ejecuciones prendarias, los intereses, además de los intereses sobre intereses, entre los principales items”, indicó el referente de este sector.
“Lo que hicieron estas empresas fue un abuso de nuestros derechos a través de una práctica engañosa y abusiva”, y nombró legisladores, entre ellos Javier David por nuestra provincia, para poner freno a estos “contratos leoninos”, como los describió el representante.
“Al mismo tiempo que presentamos el expediente con nuestro pedido en la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, lo hicimos en la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Ignacio Werner, y esperamos que en aproximadamente 10 días tengamos una respuesta, positiva o negativa, pero respuesta al fin, porque ya no tienen más excusas”, afirmó Rubén Quispe.
El representante salteño lamentó que “a muchas provincias no les interesara el encuentro, porque además en algunos lugares el reclamo tomó ribetes políticos que contaminaron la demanda de fondo”, finalizó.
El proyecto legislativo
La diputada nacional por Neuquén María Emilia Soria (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley en el Congreso para garantizar equidad y sostenibiliad a las compras con planes de ahorro para vehículos. Lo hizo junto a sus pares Daniel Arroyo, Silvina Frana, Mayda Cresto, Juan Cabandie y Mónica Macha.
La iniciativa apunta a que el Estado intervenga y garantice la sustentabilidad de estas operaciones, a los ahorristas, pero también a la producción nacional y la comercialización de vehículos que generan gran cantidad de puestos de trabajo que podrían verse igualmente afectados por el colapso del sistema de ventas por autoahorro.
