La integrante de Tribuna Docente brazo gremial del PO, Carmen Venencia, hizo la presentación en base a declaraciones en algunas radios del ex delegado de la Julio Barrios y de Raúl Argañaraz, ex administrador del gremio y hermano de la secretaria general de la entidad, Patricia Argañaraz.
Concretamente se denunció penalmente que las viviendas no serán construidas y que desaparecieron 36 millones de pesos de un fideicomiso conformado por aportes de 120 afiliados, a razón de 300.000 pesos cada uno.
Por un supuesto fraude y corrupción en la ADP, Tribuna Docente denunció penalmente a su titular Patricia Argañaraz, y organizó una movilización y conferencia de prensa para este jueves 13 de diciembre a las 10.30, frente a la sede ubicada en Juramento y España.
Valencia sostiene que de los dichos de Barrios involucran "gravísimas denuncias" contra la actual titular del gremio que "afectan mis derechos como trabajadora de la educación y los de todos los afiliados ya que está en juego la enajenación ilegal del patrimonio del sindicato y la violación de los estatutos gremiales", agregó.
Entre las denuncias de Barrios que solicitó sean investigadas señaló que se denuncia que Argañaraz actúa con el respaldo de la ministra Analía Berruezo para promover "sumarios arbitrarios" para despojar de sus cargos a numerosos docentes, solo por el hecho de denunciar las conductas de la gremialista.
El ex aliado de Argañaraz también señaló que la titular de ADP influye en las designaciones de docentes violando los procedimientos legales y a cambio de ello "recibía los primeros 3 o 4 sueldos".
Esto, sostuvo Valencia, solo posible por la incidencia de Argañaraz en la Junta de Clasificación y funcionarios de Educación a cargo de las designaciones. "En particular de la Secretaría Técnica de la Dirección de Enseñanza Primaria Carina Wayar, recientemente desplazada de ese cargo".
Otra acusación es que tras un accidente de tránsito que sufrió, Argañaraz "decidió por sí misma, sin aval institucional, utilizar dos millones y medio de los fondos gremiales para comprarse otro".
Agregó que según esas denuncias se produjo un vaciamiento financiero del fideicomiso de la Virgen de Urkupiña constituido por 120 afiliados del gremio para la construcción de viviendas, del cual Argañaraz es fiduciante.
Se denuncia, concretamente, que las viviendas no serán construidas y que desaparecieron 36 millones de pesos aportados por los 120 afiliados a razón de 300.000 pesos cada uno.
Señaló que Argañaraz presiona a los miembros de la Comisión Directiva a hipotecar sus bienes para cubrir los desmanejos financieros de las viviendas Urkupiña.
