Según explicó el legislador provincial, el Instituto Provincial de Salud de Salta no cumple con lo establecido en la ley nacional 24.901, en cuanto a la cantidad y el tipo de cobertura que debe brindar a los pacientes y familias con discapacidad.
“En Salta a través del IPS las prestaciones se encuentran más restringidas que lo que establece la ley nacional”, sostuvo el diputado en el programa Hora de Voces.
La legislación nacional establece que se deben llegar a acuerdos con las empresas prestadoras del servicio para garantizar la cobertura integral de los pacientes con discapacidad. Esta cobertura abarca servicios preventivos, de rehabilitación, practicas terapéuticas educativas, educativas y asistenciales.
Salta, a través de la ley provincial 7.600 adhirió a la normativa nacional, aunque sin embargo al momento de reglamentarla, la obra social provincial no acató la totalidad de servicios que debían garantizar.
Esto ha provocado según Cornejo que las familias de los pacientes judicialicen las asistencias médicas que debería garantizar el instituto, con sentencias en contra de la obra social y significando grandes erogaciones a las arcas estatales.
Ante la consulta de porque el IPS no ha reglamentado sus prestaciones de acuerdo a lo que plantea la ley nacional, Cornejo sostuvo que “la única explicación que uno puede encontrar es la económica”.
El proyecto ingresó en el acta de labor parlamentaria de esta semana, pero la Comisión de Salud, encabezada por el diputado Bernardo Biella de Salta Independiente, decidió que antes de tratarlo necesitaban la opinión de las autoridades del IPS.
“Esperaban reunirse con el IPS y la Comisión de Hacienda, porque lo que estiman ellos desde la comisión de Salud es que va a ser una gran erogación honoraria de la provincia”, señaló critico el legislador.
El IPS tiene 280.000 afiliados, de los cuales, los pacientes con discapacidad son 4.362, es el 1.6% del padrón, números menores en relación a las cifras que dio a conocer la titular del Programa Incluir Salud, Emilce Maury, quien aseveró que al menos un 20% de la población total de Salta tiene alguna discapacidad.
La Constitución Nacional y Provincial prevén la obligación del estado a dar cobertura médica a las personas con discapacidad. En este sentido, Cornejo afirmó que “no hay motivo desde el punto de vista legislativo y del derecho para que no se pueda dar cobertura integral a las personas con discapacidad”.
