Se prevé controlar unos 28 mil legajos tras la presentación que hagan los docentes desde el 25 de febrero, hasta el 25 de abril.
La secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo, explicó a Nuevo Diario que se tomarán las decisiones pertinentes en caso de detectar que algún docente incumple con las condiciones para desempeñarse como tal.
El documento indica que, en una primera etapa, los docentes en condición activa deberán presentar la mencionada documentación ante la dirección del establecimiento educativo. En el caso de los docentes en condición pasiva, también deberán presentar la documentación ante la dirección de su escuela.
En una segunda, tercera y cuarta etapa, hasta el 20 de mayo el director de la unidad educativa elevará dicha documentación al supervisor; el supervisor elevará al Departamento de Control y Acreditación de Títulos y desde allí se analizará y actualizará la información emitiendo la nómina correspondiente.
Vacantes
Habrá un nuevo sistema que tendrá como fin contar con la información certera respecto de la cantidad de vacantes para cuáles cargos y en cuáles escuelas.
La funcionaria sostuvo que en caso de haber algún cambio respecto de las vacantes, la información deberá pasar por un procedimiento de control hasta que se pueda oficializar la existencia del cargo y ser informada a todos los docentes.
Reconoció que esta decisión se tomó porque antes se dejaba de informar sobre una vacante y recién se lo hacía a último momento. Esto servía para que sólo algunos docentes se enteraran para competir por el cargo (según el cuadro de mérito que permite acceder dependiendo del puntaje), en perjuicio de otros que luego hacían los reclamos por desconocer que existía el cargo disponible.
Razones económicas
Entre las críticas que se hicieron al Ministerio de Educación se encuentra la falta de convocatoria a elecciones para decidir el mandato de una nueva comisión para la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
El argumento del Gobierno provincial para prorrogar el mandato de la actual fue que se debían esperar las modificaciones al Estatuto del Educador. Ese argumento fue el mismo para prorrogar el mandato de la Junta Docente de 2014.
Ante la consulta de un mismo argumento con cinco años de diferencia, Píccolo reconoció que el problema real es económico, en tanto es costoso manejar las máquinas que se disponen para las elecciones.
