En las últimas horas, el empresario dueño de esas tierras y que busca levantar el Proyecto Especial "Complejo Turístico Tres Cerritos", informó al Concejo Deliberante que demandó al municipio por $1.500 millones por resarcimiento por el rechazo al proyecto, cuyos trámites inició en 2017.
En este sentido, previamente Benavídez pidió al Ejecutivo municipal que arbitre los medios para impedir actividad de desmalezado, tala, desmonte y movimiento de suelo sobre las matrículas 176037 y 182521.
Sin embargo, a la hora de tratar la incorporación al perímetro urbano consolidado de la ciudad la matrícula Nº 176.037, el concejal Arnaldo Ramos pidió la vuelta a comisión por considerar que "falta información acabada".
A lo que Benavídez exigió explicaciones a Ramos. "Este proyecto que venimos rechazando busca avanzar sobre tierras que son áreas de reserva (...) el particular busca hacer un proyecto de loteo que no está permitido dentro de la legislación, se lo rechazamos con justa razón", dijo y preguntó:"¿Por qué la vuelta a comisión concejal?.
Luego disparó:" Que no nos corran con la judicialización porque el particular sabía al momento de adquirir las tierras sobre las restricciones de dominio que pesaban en el territorio".
En esta oportunidad, la edila tuvo el acompañamiento de su par Emilia Orozco, que pidió por el cuidado del medioambiente.
Información Pública
En la última sesión los concejales aprobaron el proyecto de resolución, presentado por el concejal de Juntos por el Cambio+, José Gauffin, que solicita al Ejecutivo reglamentar la ordenanza del Derecho a la Información Pública.
Al respecto, el autor del proyecto destacó la importancia de que se respete la Ley a la que Salta adhirió en octubre pasado, a fin de promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión.
El edil sostuvo que con esta Ley la sociedad puede estar más informada y conocer la legislación vigente, mientras que los Gobiernos pueden dar a conocer sus actos con total transparencia.
Explicó que, si bien se trata de una normativa sancionada a nivel nacional en 2016, todavía no se reglamentó en gran parte del país. "Cuesta mucho acceder a la información pública y es necesario que la sociedad esté informada", expresó Gauffin.
"Si la sociedad conociera por ejemplo el trabajo que deben hacer empresas que trabajan con la obra pública o si los contratos fueran visibles, todos los vecinos seríamos inspectores y estaríamos velando por nuestros propios intereses", manifestó el concejal.
