La situación generó que días atrás los delegados de ATE realizaran una asamblea en la sede de la Secretaría de la Niñez y la Familia a fin de solicitar que el titular de la entidad, Rodrigo Fernández, cumpla con lo acordado en diciembre, cuando se plasmó en un acta la posible regularización de los trabajadores.
La delegada de ATE en los CIT, Gabriela Ochoa, fue quien denunció la situación al indicar que los sueldos van entre los siete y ocho mil pesos de los trabajadores precarizados, a no más de 12 mil pesos a aquellos que se encuentran en planta permanente sin antigüedad.
Los trabajadores deben desempeñarse sábados, domingos y feriados y en horario nocturno de ser necesario. Sin embargo, Ochoa aseguró que no se reconoce pecuniariamente ninguna de esas diferencias respecto del trabajo que realizan otros empleados públicos de la provincia.
Por ello piden la baja de un memorándum que les estancó la posibilidad que los feriados trabajados les sean devueltos.
Otro de los problemas pasa por la falta de personal: en algunos casos por el pedido de carpetas médicas ante las complicaciones laborales. Sin embargo, en este aspecto Ochoa destacó que muchos de los precarizados ni siquiera tienen el derecho de acceder a una carpeta médica y en caso de hacerlo pueden quedar sin trabajo.
A ello se suma que por el período de vacaciones y ante la reducción de personal a veces sólo hay un agente que cuida a los adolescentes que se alojan en los centros por las noches.
Por ahora dijo que son 15 las vacantes, pero sin vistas de ser concursadas para llegar a ser cubiertas.