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PEDIDO AL CONCEJO DELIBERANTE

El Arzobispado exige que todas sus dependencias y la UCASAL no paguen impuestos

En exclusiva de Nuevo Diario, se conoció que el arzobispo Mario Cargnello envío en agosto del 2022 un documento al Concejo Deliberante de Salta donde exige que el cuerpo deliberativo sancione una ordenanza que exima de cualquier impuesto al Arzobispado y a sus dependencias educativas privadas incluyendo la UCASAL.

NDS |

Mario Cargnello, autor del documento enviado al Concejo Deliberante.
Mario Cargnello, autor del documento enviado al Concejo Deliberante.

El documento se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, donde los ediles deberán evaluar si hacen lugar al pedido de la institución religiosa.

Cargnello solicitó que el concejo sancione una ordenanza que exceptúe “de toda carga, gravamen y obligaciones tributarias consistentes en impuestos, tasas, derechos, contribuciones o cualquier otro título” a instituciones dependientes de su figura dentro de la Iglesia Católica de Salta.

En el escrito al que pudo acceder Nuevo Diario, el actual arzobispo solicitó que este beneficio sea asignado al Arzobispado de Salta, así como al Monasterio San Bernardo, parroquias, cuasi parroquias, vicarias basílicas e instituciones educativas creadas bajo la órbita del arzobispo.

Además se pidió también condonar a los beneficiarios las deudas, multas y recargos “que mantuvieron pendientes de pago”.

Entre los establecimientos educativos señalados se encuentran:

  • El Profesorado de Ciencias Sagradas “Monseñor Roberto J. Tavellla”
  • La Escuela Parroquial 8009 “Betania del Sagrado Corazón de Jesús
  • Escuela Parroquial 8073 “Nuestra Señora de La Candelaria”
  • Escuela Parroquial 8079 “Nuestra Señora de La Merced”
  • Escuela Parroquial 8065 “Martín Fierro”
  • Escuela Parroquial 8136 “La Sagrada Familia”
  • Seminario Metropolitano “San Buenaventura”
  • El Colegio San José
  • Instituto Bicentenario María Reina 8215
  • Universidad Católica de Salta
  • Las instituciones educativas que conforman el Consejo Provincial de Educación Católica
  • Entidades mencionadas en las leyes provinciales 1621/53 y 1645/53

Todos los mencionados dependen en exclusiva de la órbita de la Iglesia Católica en todos sus niveles de enseñanza y tienen una cuota mensual que pagar para acceder a la enseñanza dentro la institución. Curiosamente la Universidad Católica de Salta, la institución con cuota más alta dentro de la enseñanza académica también forma parte del pedido de exención que impulsa el actual arzobispo.

“Somos sin fines de lucro”

En su escrito, Cargnello hace mención a los antecedentes que han generado la Ley Provincial 1621/53 donde se exceptúan de cargas y gravámenes al Arzobispado, y a la UCASAL, a través del decreto provincial 8997/68, donde se eximen de impuestos en cuanto a actividades económicas y tributos inmobiliarios. En ese sentido, el arzobispo esgrime entre sus argumentos que las entidades mencionadas son “sin fines de lucro y tienen el objeto de perseguir el bien común”.

La inexistencia de “fines de lucro”, estaría plasmada en los estatutos de las instituciones según aboga el actual titular de la Iglesia en Salta, ya que según el arzobispo, hay una ausencia de buscar beneficios económicos de quienes las integran, pese a que el servicio que brindan estos establecimientos es de índole privado.

Según lo argumentado en el documento, las instituciones "si bien pueden obtener un beneficio general, el mismo se traduce en el bien común”, agregando que las instituciones religiosas se diferencian de las empresas, pese a que recaudan también montos exorbitantes en algunos casos por sus servicios.

“Los beneficios obtenidos por este tipo por este tipo de entidades, estarían excluidos del objeto del gravamen, aun cuando estas entidades puedan obtener recursos no solo de donaciones, aranceles o pedidos a particulares, sino que se impone la necesidad de lograr un autofinanciamiento”, explica el documento.

A través de lo expuesto, pese a ser una actividad privada, la Iglesia busca legitimar sus recaudaciones al considerar que sus servicios aportan al bien común de la sociedad, y aseverando que por esto (y no seguir la lógica empresarial de riqueza), no se les pueden imponer el pago de tributos.

Cabe destacar que la UCASAL por ejemplo, actualmente cobra $33.900 por estudiante mensualmente en la carrera más cara (abogacia), y ya tiene beneficios de eximiciones impositivas en cuanto a tributos provinciales.

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