“Todas las actuaciones se realizaron sin presupuesto, sin personal, sin equipamiento, sin viáticos ni movilidad, utilizando recursos propios de los/a Comisionados/a para garantizar el funcionamiento”, expresaron a través de un comunicado los miembros del CPT, constituido en febrero de esta año por la Ley Provincial Nº 8024. Dicha ley dispone, además, la independencia funcional y autarquía financiera del Comité.
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto 2023 que presentó el gobierno de Gustavo Sáenz, no garantiza al CPT un presupuesto propio ni lo incluye como organismo autárquico, sino como uno de los “cursos de acción del Ministerio de Gobierno”, a cargo de Ricardo Villada. Esta decisión se tomó a pesar del proyecto que enviaron oportunamente los comisionados.
También denunciaron las precarias condiciones laborales: “Actualmente el Comité funciona de manera precaria en una oficina prestada por la Secretaría de DDHH sin servicio de limpieza, teléfono ni internet”.
Por último, los miembros del CPT informó que se llevará el tema, que calificaron de gravedad institucional, al Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y a la Asamblea del Consejo Nacional de Prevención de la Tortura a realizarse los días 6 y 7 de diciembre próximos, y en caso de ser necesario aseguraron un reclamo judicial.
“Hacemos un llamado urgente al Gobernador de la Provincia de Salta Dr. Gustavo Sáenz y a legisladores/as a rectificar el proyecto de presupuesto y aprobar las partidas correspondientes al Comité contra la Tortura de Salta, en tanto organismo autárquico y descentralizado, conforme al proyecto elaborado previamente, a fin de reconducirlo conforme a las obligaciones legales y convencionales”, finalizaron.
