Los trabajadores lo hicieron desde una protesta que se realizó ayer en la Plazoleta IV Siglos. El estado de alerta y movilización se decidió tras la difusión de informaciones que indican que, por un informe elaborado por el Ministerio de Modernización, se debería reducir en un 10% la totalidad del personal que trabaja actualmente en la entidad.
Según el informe del Ministerio de Modernización, de las 7500 personas que trabajan en el INTA hay 750 que están en un margen que excede a las necesidades de la entidad. A ello sumaron que desde el proyecto de presupuesto 2018 presentado ante el Congreso de la Nación faltan 300 millones de pesos para que la entidad pueda funcionar normalmente.
Por el momento APINTA rechazó el informe de Modernización y apoya la propuesta de las autoridades del INTA a ese Ministerio de realizar un nuevo trabajo de análisis contemplando las particularidades de las distintas unidades del INTA en los diversos territorios.
Esa propuesta partió de Amadeo Nicora y Mariano Bosch, presidente y vicepresidente del INTA, quienes expresaron a Modernización su desacuerdo con la metodología utilizada para estimar la dotación ideal de personal del INTA, dadas las complejidades particulares de este organismo que desarrolla sus actividades en todo el territorio nacional, en más de 30 cadenas agroalimentarias y en contextos tan diversos ambiental y socialmente.
En cuanto al aspecto presupuestario, el gremio demanda un aumento de 600 millones en el Presupuesto 2018, que permitan no sólo garantizar el normal funcionamiento sino realizar inversiones claves para la seguridad de sus trabajadores, tales como reposición de vehículos o instrumental de laboratorio actualmente obsoleto.
Además de estos ejes, en un documento los gremialistas indicaron que resultan extremadamente preocupantes informaciones de la prensa de los últimos días respecto a la derogación del régimen previsional especial para los investigadores científicos -Ley 22.929- (que alcanza actualmente al personal del INTA), así como los trascendidos de funcionarios que abordan la reestructuración de organismos descentralizados como el INTA o el Senasa, que en los ‘90 implicó una reducción del 20% en el organismo.
