Sendos comunicados de dos organizaciones legalmente constituidas que agrupan a reconocidos periodistas salteños, publicados entre ayer y hoy, manifiestan su más profundo repudio, rechazo y preocupación por el Proyecto de Ley de ‘’Creación de Colegio de Profesionales de la Comunicación Social’’, hecho que consumado en la Cámara de Diputados, sin consultas previas con organizaciones periodistas, en el más absoluto de los silencios, y que ahora cuenta con estado parlamentario.
El Proyecto en cuestión, fue presentado en Diputados el 06/08/2021, en plena campaña política, sin difusión alguna, con número de expediente 44579/21 y la firma del diputado Adrián Valenzuela, del Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción.
Desde APeS, se especificó que el proyecto "carece de sustento académico, ético y jurídico", que al parecer le habrían entregado redactado y el diputado ni siquiera se tomó el trabajo de leerlo porque podría haber caido en cuenta que tiene varias partes que denotan que es un plagio de otros instrumentos similares relativos a otra profesión como la del Colegio Profesional de Instrumentadores Quirúrgicos de Misiones.
Al ser consultado el diputado Valenzuela por el presidente de APeS, Fernando Primero Climent, reconoció que fue presentado pero aseguró que su aprobación sería "inviable" en la realidad. Que lo recibió y aparentemente sin leerlo, lo ingresa para que tome estado parlamentario.
Luego reveló que el proyecto fue presentado por pedido expreso de la locutora Gloria Borezay, para que lo ingrese. A todo esto, desconociendo como diputado y trabajador de prensa, la existencia instituciones como la Asociación de Periodistas de Salta, Sindicato de Prensa Salta, Red PAR Salta, entre otras organizaciones comunicacionales que podrían haber sido convocadas a un debate previo.
Un proyecto en contra de todos los tratados
APeS, se pregunta: ¿Qué objetivo puede perseguir un proyecto, mal redactado, plagiado, ingresado a las apuradas, que no sea acotar, lesionar la libertad de expresión y el derecho a la información, (derechos vapuleados históricamente en la provincia), sin tener en cuenta el abundante corpus normativo nacional, leyes, decretos, jurisprudencia y tratados internacionales, que hablan sobre la inconveniencia de colegiar una actividad no liberal, como el periodismo?
Recordaron la Convención Americana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolvió por unanimidad sobre la colegiación obligatoria de periodistas de 1969 y 1985 (Arts 13 Y 29), que "la colegiación obligatoria de periodistas es incompatible, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información.
En iguales términos se expresó, la ‘’Declaración de Chapultepec, adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994: " No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
"Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información’’.
Asimismo, la Constitución Nacional, garantiza la libertad de expresión, para todos quienes habiten este país, en los artículos 14, 32 y 75, incisos 17,19,22.El Decreto Presidencial 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 27275 de Acceso a la Información Pública, la ‘’Colección de dictámenes sobre derechos humanos, Libertad de expresión y acceso a la Información Pública’’ del Ministerio Público Fiscal de la Nación, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación’’.
"Todas estas referencias proveen abundante material de consulta para autores desprevenidos de proyectos dirigidos a coartar nuestras libertades. Advirtiendo que las líneas jurisprudenciales sobre el tema, no se agotan en las fuentes mencionadas".
Además, su ejercicio está claramente vigente en la Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional que especifica, reglamenta, la labor profesional periodística y reconoce derechos a quienes la ejercen, dice en su Art. 2º.
‘’Se consideran periodistas profesionales, a los fines de la presente ley, las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias, o periódicas y agencias noticiosas".
Lo que persigue y a quien beneficia
Fundamentaron desde APeS que "los estados provinciales ejercen poder de policía sobre las profesiones liberales pues son los que, mediante leyes o decretos, autorizan la formación de Colegios o Consejos Profesionales que se agrupan en función de actividades específicas o títulos habilitantes. En este contexto, los estados provinciales delegan el gobierno de la matrícula en los propios profesionales y la regulación de la actividad en cada provincia".
Dejan en claro que en la Carta Magna, la jurisprudencia y los tratados internacionales, "el periodismo, no es considerado una actividad liberal, por cuanto, emitir opiniones, ejercer la libertad de expresión remunerada o no, de manera continua o discontinua, es un derecho inalienable, universal, un bien y un servicio social. Que, de ninguna manera, puede ser violentado por ningún organismo estatal, paraestatal o privado de orden público, como un Colegio de Profesionales de la Comunicación Social", subrayaron.
Aseguran también que este proyecto, redactado en contradicción flagrante con el artículo 23 de la Constitución de Salta, "pretende mercantilizar las opiniones a partir del pago de una matrícula, arrogarse la autoridad de suspender hasta seis meses en el ejercicio del periodismo a quienes hayan sido sancionados por el Tribunal de Ética y Disciplina".
En otros párrafos del extenso comunicado sostienen que "es lícito pensar que, un Colegio de Profesionales de la Comunicación Social, pueda estar dirigido por periodistas afines a los gobiernos de turno, con lo cual, se convertiría en una herramienta rápida y eficaz para obturar elegantemente, la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. En estas circunstancias y tal cual está planteada esa propuesta, creemos que beneficiaría mucho más al gobierno que a los periodistas", recalcaron.
Como Asociación de Periodistas llegaron a la conclusión de que este prouyecto es "excluyente, misógino, racista, discriminador, clasista, elitista, repudiamos, lo rechazamos y solicitamos al diputado Adrián Valenzuela, sea retirado de inmediato".
Proponen además que "con la misma celeridad, se trabaje en un proyecto de Acceso a la Información Pública, y se dé respuesta al pedido de APeS, sobre creación de la Comisión de Tratamiento y Seguimiento de Atentados a la Prensa y Libertad de Expresión, presentado hace dos años.
"La libertad de expresión y derecho al acceso de información, es y continuará siendo, no el privilegio de pocos, sino,el derecho de todos", concluyeron.
Solicitan una audiencia en Diputados
En el mismo sentido se expresó hoy la Comisión Directiva del SIPRENSAL, que también repudió y expresó también a su preocupación por la reeditada avanzada sobre la creación de un “Colegio de Profesionales de la Comunicación Social’’ presentado por el diputado provincial, Adrián Valenzuela.
"Como entidad colectiva con personería gremial vigente y certificada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para defender los derechos de los y las compañeras de prensa nunca recibimos comunicación alguna para un análisis, debate ni acompañamiento. A ello agregamos el intento anterior de la ex diputada Mónica Petroccelli, quien en su momento fue citada por quienes trabajamos en medios de prensa en la Cámara de Diputados junto a los jefes de bloque", explicaron.
"En aquel momento, como ahora, insistimos que una entidad colegiada lo único que hace es cercenar el derecho a la libre expresión y de información. Abundan además los antecedentes que insisten en sus argumentos contra este tipo de iniciativas. Como Sindicato además, notamos que con el proyecto presentado se quiere avanzar sobre acciones que son propias de las entidades gremiales que defienden derechos de trabajadores".
La Comisión Directiva del Siprensal solicitó a la Cámara de Diputados convocar de manera urgente a una audiencia con el autor del proyecto, el autor de la iniciativa, el presidente de la Cámara y de los distintos bloques para plantear esta situación. La solicitud cuenta con el acompañamiento y presencia de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y de la CGT Salta.
"Nos preocupa que, a esta altura del ejercicio democrático, quienes deben velar por las leyes insistan en vulnerar los distintos derechos que nos asisten como trabajadores".
"Los mecanismos para defender a los trabajadores existen. Pero la voluntad política de intimar a quienes tienen en sus manos la propiedad de los medios parece estar puesta al servicio de precarizar este oficio/profesión", finalizó.
