"Era parte de un ejemplo de cómo hacer un dictamen en base a la resolución 215", explicó a Nuevo Diario el subsecretario de la Tercera Edad en la provincia, Ricardo Teyssier, al explicar que en ningún momento se pensó en quitar el ítem, sino en dar información al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social respecto de las personas que se debían encontrar cobrando el ítem en cuestión.
Son entre 600 y 700 pesos los que se paga por este ítem a los empleados desde hace cuatro años, tras reclamar el mismo pago por misma prestación. Y es que con anterioridad, el ítem se pagaba solamente a los agentes estatales que se desempeñaban en los hogares de ancianos con los que cuenta la provincia en toda su jurisdicción.
En un dictamen que se les dio a conocer el viernes pasado, los 26 trabajadores que se desempeñan en la sede de la Dirección, ubicada en calle General Güemes al 500, estaban señalados como los próximos que dejarían de percibir el ítem.
Esta situación los llevó a convocar a una asamblea el lunes que continuó ayer cuando las autoridades de la dependencia decidieron aclarar la situación al sostener que "nunca" se habló de la posibilidad de quitarles el ítem.
"El tema es que yo tenía que firmar y avisar quién cumple las funciones. No era de ninguna manera para quitarla", dijo Teyssier. Entendió que las reacciones de los trabajadores se dieron en el marco de las medidas que se están tomando a nivel nacional con despidos, bajo el pretexto de achicar el Estado.
