Los vecinos del Río Arenales a través de un amparo colectivo denunciaron en el 2018 la contaminación del río y la necesidad de contar con infraestructura que evite posibles desbordes del cauce del agua en las comunidades vecinales de la costanera.
Este fallo establecía que los demandados (Municipalidad de Salta, Gobierno de la Provincia y Aguas del Norte) debían establecer un Plan de Saneamiento del Río, un Plan de Contingencia ante posibles desastres naturales y un Plan de Monitoreo de la contaminación de las aguas; pero sin embargo nunca se cumplió.
El abogado de los vecinos, Pedro Arancibia, expresó a Nuevo Diario que el proceso de continuidad de tramitación del amparo se encuentra en “stand by” ya que el juez a cargo era Marcelo Domínguez, quien dejó su cargo judicial para ser Ministro de Seguridad de la Provincia. En diciembre designaron en su lugar en la causa a la jueza de Minas, María Victoria Mosman, pero ante la feria judicial no hubo mayores avances.
“Esto esta incumplido de todo momento. Esto que salió es una situación de una hipocresía total, todos son responsables, tanto el Municipio como la provincia como Aguas del Norte. No porque la Municipalidad multe signifique que tiene un prontuario limpio, tienen mucho que desear en el cumplimiento de la sentencia”, sostuvo en referencia a la multa hacia la empresa por parte de la Municipalidad por verter en el Río Arenales aguas cloacales.
En ese sentido, Arancibia sostuvo que Domínguez fue un poco “tímido, débil y tibio” a la hora de continuar exigir el cumplimiento del fallo, dictar multas o sanciones penales a las personas y funcionarios correspondientes, incluyendo la figura de incumplimiento de las tareas de funcionario público.
El abogado indicó que para continuar con el amparo solicitarán a la nueva jueza una inspección ocular y una convocatoria a las partes para saber si existe algún diagnostico o algo trabajado, ya que hasta el momento “ni siquiera los planes están”.
En cuanto a la Unidad Ejecutora que se ordenó crear en el fallo, Arancibia aseguró que es "una unidad fantasma", que no realizó diagnósticos ni coordinaciones. La misma está a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos, entre otros organismos.
