La concejala Ana Paula Benavides recordó a Nuevo Diario que la Municipalidad intentó el año pasado introducir tecnología en el tránsito vial a través de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina con un convenio de colaboración donde la Cámara recuperaba la inversión en menos de un año con una ganancia en base a un porcentaje de la recaudación; pero dicho convenio fue dado de baja luego de la oposición del Concejo Deliberante.
Ahora, la Municipalidad busca avanzar nuevamente, pero con una licitación, cuyos pliegos fueron enviados al Concejo Deliberante donde fue analizado y se enviaron observaciones generales que no fueron tenidas en cuenta.
“Lo primero que se pidió fue sacar de la vía pública las cámaras de CECAITRA, entendiendo que esto hace al principio de igualdad. El hecho de que estén las cámaras instaladas puede caer en una suerte de direccionamiento hacia aquella persona que haya hecho la instalación dentro de esa cámara. La Municipalidad no hizo el retiro de las cámaras”, informó Benavides.
También solicitaron que la licitación no se limitara a la ciudad de Salta, sino que se publique en el Boletín Oficial o medios nacionales para que haya una mayor concurrencia, punto que no fue tenido en cuenta.
El Concejo también agregó poner un tope al porcentaje de lo que se llevaría la empresa adjudicataria, pero la Municipalidad colocó un porcentaje fijo del 45%, que fue el único cambio realizado al pliego presentado originalmente. “Yo entiendo que esta cláusula hace ilegal la licitación porque la Ley Nacional en el artículo 69 inciso G establece expresamente la prohibición del Estado a otorgar gratificaciones a quienes constaten multas sea por cantidad de multas constatadas o por el monto de la recaudación. Nosotros adherimos por ordenanza a la Ley Nacional y ese artículo no se excluyó”, remarcó y explicó que la forma debería ser una contraprestación fija con la posibilidad de una cláusula de revisión.
Los ediles observaron que en el pliego de especificaciones técnicas no estaba especificado el monto de inversión, lo que dificulta el control en la equidad entre la prestación y la contraprestación; lo cual tampoco se agregó a la licitación.
“Entendiendo que las multas de tránsito no deben tener un fin recaudatorio, sino preventivo, se le solicitó al Ejecutivo Municipal que de avanzar con esta licitación haya un periodo de gracia o de prueba en el cual el vecino pueda adaptarse a los medios de controles o de seguridad vial”, agregó Benavides, pero sostuvo que “poco se puede cumplir con el fin preventivo” sino se cumple con lo establecido en la ley de que toda la recaudación debe destinarse a Educación Vial, volviendo las multas netamente recaudatorias.
