En esta presentación solicitaron el registro prontuarial de los denunciados, además de un resarcimiento, la correspondiente capacitación de los denunciados en la Ley Micaela y la notificación a la Santa Sede, sobre la existencia de hechos de violencia.
Y es que más allá de la mediación entre las partes, llevada adelante con la intercesión de un Delegado del Vaticano, la misma no fue homologada ante la justicia, conforme había publicado Nuevo Diario, con fecha 6 de septiembre de este año. Todo esto se da a una semana del archivo definitivo de la causa, que era la estrategia a la que apuntaba la defensa de Cargnello y de los otros sacerdotes.
Diario La Nación logró acceder a la dura presentación que interpusieron los abogados de las monjas, la cual “hace referencia a patrones socioculturales con sesgos de violencia expresa dentro de la Iglesia”.
La presentación además hace hincapié en que “la conducta de los denunciados debe ser sancionada, reparada y prevenida a través de las medidas compensatorias no económicas solicitadas en este libelo a fin de que los agresores no sean protegidos por la investidura que detentan”.
El medio de tirada nacional detalla que “el escrito repasa los conceptos de violencia de género para la jurisprudencia y enfatiza la desigualdad de poder como elemento neurálgico de todos los hechos de violencia investigados”.
Menciona, por ejemplo, que Mario Cargnello “pudo durante años realizar actos de violencia psicológica, porque sabía que las hermanas carmelitas callaban”. A continuación describen nuevamente los hechos que aparecen en la denuncia original. Cabe recordar que la denuncia se extiende también al obispo visitador del convento Martín De Elizalde; al cura ayudante de la Catedral, Lucio Ajalla; y a Sancristóval Loyola Pinto, vicario judicial.
Otro punto del texto pide comunicar a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica de la República Argentina, que “han existido hechos de violencia económica, psicológica y física” por parte de los denunciados, “a fin de que se arbitren los medios para que dichas conductas no se repitan hacia adelante y, además, ello sea considerado a los fines de los roles presentes y futuros que tales personas tienen y/o pudieran tener en el seno de la Iglesia”
Nuevo Diario accedió a dialogar con el abogado del Arzobispo, Eduardo Jesús Romaní, quien señaló que la defensa se encontraba analizando el caso, por lo que no realizó ningún tipo de declaraciones.
El acuerdo, sin acuerdo
Con el respaldo expreso de la Santa Sede, a través de una nota de la Congregación para los Institutos de Vida Religiosa, tanto el arzobispo, monseñor Cargnello, como la priora del monasterio de las carmelitas descalzas de San Bernardo, María Fátima del Espíritu Santo, el 27 de agosto pasado llegaron a un acuerdo para "restablecer el diálogo fraterno" después de años de denuncias cruzadas, acusaciones de abusos, desfalcos económicos y violencia de género.
El acuerdo entonces homologado solamente por la Santa Sede, constaba de 11 puntos entre los que se destacan el nombramiento de una nueva priora, quien a su vez propondrá un sacerdote capellán que será aprobado por el Arzobispo. Otro punto del acuerdo es que el monasterio rendirá sus cuentas anualmente tras la designación de una monja ecónoma.
Asimismo, contemplaba una cláusula expresa en donde se remarcaba el carácter de “devoción privada” de la Virgen del Cerro, con la autorización de una misa para sus fieles en el mes de diciembre. De esta manera, y a la luz de los hechos, se aguardan nuevos cruces sobre el tema.
