Tras el estudio de las matrículas Leake dio su conclusión sobre las matriculas entre las cuales aparecen afectadas, en un tercio, tierras que pertenecen a comunidades indígenas y criollas (como sucede con los ex Lotes 55 y 14), pueblos como La Unión, o incluso matrículas que pertenecen a distintas escuelas.
Al menos un tercio de superficie del casi el millón y medio de hectáreas a ser incorporados al SIPAP son de comunidades campesinas, otro tanto se encuentra ya dentro de las categorías rojas y amarillas (según lo dispuesto en el mapa de Ordenamiento Territorial de Salta), y 265 mil hectáreas afectadas son del departamento Los Andes, en donde no están precisamente los bosques nativos que se supone se deben preservar con esta medida.
"En verde cae muy poco. Esas áreas casi no están afectadas", dijo Leake al sostener que son justamente esas superficies las destinadas a ser desmontadas en la provincia y que en más de un caso se solicitó, sean revisadas por ser muchas de ellas conectores de la biodiversidad.
Indicó que al hacer la cartografía y superponerla al mapa de Salta se dieron con que "el peso de la conservación se las tiramos a los indígenas. Grandes terratenientes, no veo que hayan sido afectados. Algunas de las extensiones de los mejores quebrachales, que están en el límite entre Orán y Rivadavia, no han sido tocadas. Y en esas zonas hay grandes terratenientes".
Un anuncio bajo presión
El anuncio del gobernador Juan Manuel Urtubey se dio en el marco del conflicto que se suscitó cuando desde el Ministerio de Ambiente de la Nación se instó a la provincia a suspender desmontes que había autorizado se realicen sobre áreas protegidas ubicadas en 32 fincas.
Por ahora se espera la resolución de la cartera nacional luego de que la provincia presentara una propuesta en la que ratifica los permisos de desmontes y, a cambio, propone proteger otras áreas que aún no fueron desmontadas.
Sólo con el decreto 616 se pudo saber que en realidad el gobierno provincial pretende que las nuevas superficies afectadas al SIPAP, sean trabajadas con recursos que se bajen desde el Fondo Nacional de Bosques Nativos.
“Y a mí me parece que existe allí una trampa. Porque en realidad cuando no puedan avanzar con esta propuesta, lo cual me parece es muy difícil, van a aducir que es porque no tienen los fondos”, adelantó Leake.
La posibilidad no está lejana a la realidad, dado que ese fue más de una vez el argumento de la provincia para incumplir con la protección de bosques nativos.
