Vecinos de los barrios Sita y Virgen de Urkupiña de zona sureste de la ciudad, junto con familias de La Silleta accedieron al diálogo con la Comisionada Defensora del Pueblo Frida Fonseca de la Defensoría del Pueblo junto con el Director de la Unidad de Regularización Dominial, Francisco Sola. Allí los funcionarios expusieron las alternativas y posibilidades de regularización dominial de los inmuebles.
Cristian Ontivero, de Barrio Sita, en una entrevista de Canal 7, que se trata de una problemática de larga data: “hace 25 años que peleamos por la titulación de tierra”, y detalló que con lo único que cuentan es con un comprobante de compra y venta”.
Además agregó “A muchas familias nos estafaron, nosotros pagamos los terrenos pero resulta que no eran los dueños los que nos vendieron”.
La respuesta de los funcionarios
“El primer paso es tener un plano con la mensura y el castrato individual que identifique a cada familia. Eso se acredita de diversas formas y se presenta en Regulación Dominal” afirmó Francisco Sola
Por su parte, Frida Fonseca, sostuvo que “esta es la posibilidad de solucionar problemas de años, de hacer que la gente pueda normalizarse, son más de 700 familias en la misma condición”.
De esta manera desde ambos organismos coordinaron las acciones que llevaran adelante la regularización de las viviendas de Barrio Cita y Barrio Bellavista ubicados el primero en la zona Sudeste de esta Capital y el segundo en la localidad de la Silleta, Campo Quijano.
El caso de Bº Virgen de Urkupiña
En mayo de este año, y tras un desalojo por usurpación de terrenos en el barrio Virgen de Urkupiña, en el sureste de la ciudad, Nuevo Diario alertó con detalles sobre las situaciones de irregularidades en estos terrenos.
Del diálogo con los vecinos, oportunamente informaron sobre la venta de terrenos en esta zona, por sumas de hasta $80 mil, tratándose de terrenos que colindan con el vertedero San Javier, y sin ninguno de los servicios básicos.
En la oportunidad, la situación fue puesta en conocimiento de Ángel Sarmiento, Coordinador Urbanístico y Social del IPV, que en ese momento advirtió que de comprobarse estas irregularidades, se cursarían las denuncias correspondientes.
