En ese marco, Morales resaltó: “El equipo de salud no debe exigir denuncia policial para atender a quien fue víctima de violación”.
Mediante afiches estratégicamente diseñados, se procura difundir entre la población femenina y las personas que se desempeñan en establecimientos asistenciales los procedimientos de actuación para garantizar el acceso a los derechos que asisten a la víctima de violencia sexual.
“Esta es una iniciativa que ya veníamos de trabajando desde el 2017. En esta reunión, pudimos coordinar la distribución efectiva del material en todos los hospitales de la provincia y la elaboración conjunta de un memorando que les llegará a todos los centros asistenciales”, explicó Morales.
La campaña fue elaborada con la participación de profesionales del programa de VIH-ITS y de la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud Pública y está destinada al personal del sistema de salud, a las mujeres en general y a los miembros de la policía provincial. Se indicó que en el ámbito de Salud Pública, los afiches se colocarán en hospitales y centros de salud.
El objetivo de la campaña es difundir entre trabajadores de los establecimientos asistenciales los criterios y procedimientos de actuación ante casos de violación o abuso sexual para garantizar la atención integral a las víctimas. Asimismo, se busca que las mujeres conozcan sus derechos y los agentes policiales cuenten con elementos para contener y orientar a quien presente una denuncia por violencia sexual.
Uno de los afiches resume en tres pasos cómo debe proceder la víctima de un delito contra la integridad sexual para acceder a asistencia sanitaria inmediata en prevención de embarazo o transmisión de enfermedades por vía sexual.
Señala que la víctima debe ser atendido de inmediato, independientemente de la denuncia policial, la víctima debe acudir al hospital o centro de salud más cercano para recibir atención integral, incluyendo asistencia psicológica.
En el sistema sanitario se le debe aplicar obligatoriamente lo antes posible el kit de profilaxis para evitar embarazos no deseados, contagio de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, debiendo la persona efectuarse los controles posteriores que se le indique.
La mujer que como consecuencia de una violación quede embarazada, puede solicitar en un hospital público la interrupción de ese embarazo en las primeras 12 semanas, ya que el acceso al aborto no punible en estos casos es un derecho.
Kit de profilaxis por resolusión N° 1683
El Observatorio de Violencia contra la Mujer recordó que en 2012 el Ministerio de Salud emitió la resolución Nº 1683 sobre atención integral a personas víctimas de violación sexual. “Bajo ningún punto de vista, el equipo de salud puede exigir denuncia policial para atender las víctimas de delitos sexuales. Por el contrario, debe aplicar de inmediato el kit de profilaxis”, recordó.
En el caso de que hayan transcurrido más de 72 horas de la agresión sexual, los agentes de salud que reciben a la víctima de una agresión sexual deben realizar “todos los análisis de laboratorio pertinentes”, incluyendo el test de embarazo.
Añadió que si se confirma que la víctima está embarazada, el personal de salud tiene la obligación de informarle a esa persona que tiene el derecho de acceder a un aborto no punible. Y también, consecuentemente, debe orientarla de acuerdo con el protocolo vigente para estos casos.
