Nota Relacionada: Tres grandes empresas de servicios están en falta y no pagan impuestos por el uso del espacio público
El informe fue solicitado por el Concejo Deliberante y fue realizado por Carmen Arapa, gerente de Ocupación de la Vía Pública de la Agencia de Recaudación Municipal de Salta (ARMSa). En ese documento se da cuenta que ninguna de los tres conglomerados empresariales se encuentra tributando actualmente, y en dos casos, nunca lo han hecho.
Nubicom y EDESA, son las empresas que desde que existe la tasa no registran pagos al municipio sobre este concepto tributario. Mientras que Telecom a través de Cablevisión tributó hasta el 2021 alrededor de $3 millones de pesos.
Desde la Procuración de la Municipalidad confirmaron a Nuevo Diario que Nubicom es hasta ahora la única empresa que ha avanzado en regularizar la deuda que tiene y ha iniciado un plan de pago sobre la tasa.
Sin embargo, EDESA tiene judicializado el tema y está en la Corte de Justicia de Salta definir si corresponde o no el pago de la tasa. La causal que alega la empresa prestadora del servicio eléctrico para no pagar es inconstitucionalidad en el tributo de la tasa.
“Dicen que la tasa es inconstitucional porque ellos pagan otros impuestos en los cuales habría una doble imposición. En el caso de EDESA ellos dicen que tienen un contrato de concesión del servicio en el cual ellos alegan que tienen que cumplir con el contrato y por lo tanto no se les puede cobrar”, explicaron a este medio.
El municipio sostiene que el cobro corresponde dado que para poder brindar el servicio, la empresa hace uso de los espacios públicos con la instalación de postes y cableado por toda la ciudad.
Telecom en la carta documento que envío a la Municipalidad de Salta sostiene el mismo argumento, que al ser un servicio no se les puede cobrar el uso del espacio público y que ellos ya pagan por ese concepto en otros tributos.
Este medio consultó a ARMSa para saber los estimativos de las deudas que mantienen las empresas privadas con las arcas municipales, sin embargo, alegaron que esa información no puede ser pública dado que al estar judicializada “se encuentra bajo secreto fiscal de los contribuyentes”.
