Las audiencias iniciarán el 25 de junio.
En un comunicado que emitió APES remarcó que "existen sobradas razones y fundamentos de carácter jurídico para que en este juicio se respete el principio de publicidad en su más amplio sentido, consagrado en nuestra Constitución Nacional respetando a las víctimas".
Por tanto, exigen que se evite cualquier medida que implique una afectación al derecho a la información y a la libertad de prensa como garantías de orden constitucional y supranacional. "Desde nuestra asociación hemos acompañado a las víctimas durante todas las actuaciones judiciales, tal como lo han hecho otros colegas; brindándoles el acompañamiento, difusión y respaldo necesario que requieren las personas que sufrieron tan aberrantes hechos, y que representan una amenaza a toda la población", señala el texto.
Indica además que las víctimas, en su ejercicio de sus derechos "han expresado que entienden como necesario que dicho acompañamiento continúe en esta instancia decisiva”.
“Por todo ello, solicitamos al Poder Judicial de la provincia de Salta, a la Corte Suprema como máxima autoridad, y al Ministerio Público Fiscal, que adopten las medidas necesarias para la realización del juicio en forma oral y pública; y que al mismo tiempo se tomen todos los recaudos para garantizar la transmisión del mismo, y el ingreso a la sede del tribunal por parte de los trabajadores de prensa para su cobertura”.
