También hay deficiencias por los golpes de energía que dañan los aparatos de los vecinos.
Para colmo los cortes de energía afectan al servicio de agua potable, el que se interrumpe debido a que dejan de funcionar las bombas.
Las quejas son constantes y hasta hubo amparos que se presentaron en la justicia para que se normalicen las prestaciones, además que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debió actuar en el pasado para que los usuarios afectados no paguen las facturs o bien tengan como resarcimiento abonar la mitad de las mismas.
Atento a esta realidad, es que los diputados provinciales Ivan Mizzau y Jorgelina Juárez mediante un proyecto de ley impulsarán la reestatizacion de la empresa distribuidora de energía (EDESA).
En la víspera Mizzau en una entrevista que se difundió por FM Ciudad Orán, confirmó el proyecto de ley atento a los reclamos por cortes y bajas de tensión y la evidente falta de inversión por parte de la empresa de energía, cuando a través de todos estos años tuvo excelentes ganancias.
Mizzau aclaró “los que vivimos en el norte salteño sabemos que las tarifas son altísimas en comparación a otras zonas del país y que el servicio que presta la empresa no es el adecuado, además el Estado debe garantizar que los habitantes cuenten con el servicio y funcionando de manera óptima”.
“Si el Estado expropia a la empresa y se hace cargo obvio que las tarifas se van a reducir porque la provincia no busca hacer de la energía un negocio sino que los vecinos tengan un servicio como corresponde”.
En los fundamentos plantean, que el proyecto tiene como objeto recuperar a manos del Estado el servicio de distribución de energía eléctrica, dado que el Artículo 79 de la Constitución establece de manera explícita que los Servicios Públicos, corresponden originariamente a la Provincia, entendiendo que así primaría una provisión del servicio de manera equitativa, sin diferenciación alguna para con todos los habitantes del suelo salteño.
Además, son constantes reclamos de los vecinos por la falta de calidad del servicio e inversión por parte de la empresa EDESA S.A., sobre todo en las localidades del interior de la Provincia, y según establece la Constitución, es el Estado, quien debe ser garante de la igualdad de prestación de servicio y eficacia del mismo en su Artículo 31.
Impuesto por inversiones
“Desde el Ente Regulador se dio a conocer que EDESA tiene una exorbitante deuda con la Provincia y en la factura se cobra un impuesto por inversiones que EDESA no está realizando y aún así no corresponde que al vecino se le cobre una tarifa por algo que le corresponde a la empresa”, añadió.
