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PODRÁN LLEGAR HASTA 42 MILLONES

Sin la respuesta de legisladores, el Ente Regulador actualizó las multas a las empresas de servicios públicos

Desde hace meses, deambula en la Legislatura Provincial un proyecto para actualizar los montos de las multas a las empresas de los servicios públicos. Por una modificación, la iniciativa quedó quieta. Ante ello, el Ente Regulador de Servicios Públicos decidió solucionar el tema por su cuenta. Las multas podrán llegar a 42 millones de pesos.

NDS |

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia.
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia.

En abril de este año, la Cámara de Senadores aprobó con una modificación un proyecto que llegó de Diputados para actualizar las tasas de las multas de las empresas prestadoras de servicios públicos. Ante la modificación, el proyecto volvió a la Cámara Baja y de allí no se volvió a conocer avances en el tema.

Carlos “Uluncha” Saravia, presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, informó a Nuevo Diario que la situación fue solucionada por iniciativa propia del Ente, basándose en un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que estableció que las multas no deben aumentarse sino actualizarse para equiparar los valores en base a la devaluación.

“Las actualizamos y las multas llegan hasta 42 millones de pesos de máximo. Para los barrios privados, el tope es de 10 millones de pesos”, explicó.

Sobre la posibilidad de tomar acciones sancionatorias por el mal uso del agua o por conexiones clandestinas, indicó que es necesario que se conforme el Comité de Crisis Hídrica para fijar un marco de sanciones extraordinario.

En ese sentido, remarcó que hay una falta de cultura en el uso racional del agua pero no hay organismo facultado a poner sanciones, y ejemplificó con que en el norte provincial luego de días sin agua, cuando se restableció el servicio varias personas optaron por lavar el auto.

Además, señaló que el acueducto de Mosconi – Tartagal está “lleno de pinchaduras” realizadas por empresas y productores, que deberían poder sancionarse en un trabajo conjunto del Ente Regulador junto a la Secretaría de Recursos Hídricos.  

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