La apoderada de Telecom Argentina, Julia Figueroa Day elevó las consideraciones a la Agencia de Recaudación de la Municipalidad a cargo de Alejandro Levín, quien tras previo paso por la Jefatura de Gabinete, envío el expediente para el Concejo Deliberante para que proceda con su análisis.
En el documento al que pudo acceder Nuevo Diario, la empresa cuestiona el incremento que tuvo la tasa municipal por las 47 antenas que pertenecen a la corporación, distribuidas en el ejido capitalino.
Según reclama Figueroa Day en el escrito, la taza tuvo un incremento del 91,17% con la ordenanza tarifaria aprobada por el cuerpo de ediles. “Es completamente injustificado el incremento de la Tasa de Inspección sin que medie la prestación de nuevos servicios a favor del contribuyente”, señala el documento y alude a que el incremento aprobado no cumple con la jurisprudencia que ya sentó en fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La empresa cuestiona que sin percibir nuevos ingresos por servicios, les suban los costos impositivos que le corresponden a la parte estatal.
En el estudio efectuado por la empresa, con la tarifaria actual se deberá pagar $642.000 de forma anual por cada una de las antenas en la ciudad, representando para la ciudad un ingreso a las arcas de $30.216.300.
En ese marco, Telecom presentó una oferta a pagar de $455.000 por cada una de las antenas, que en concreto significarían un ingreso de $21.835.000, es decir, alrededor de $9 millones menos de lo que sancionó el concejo.
Además, Figueroa Day pidió al concejo que se prorrogue la fecha de vencimiento que tienen las empresas de Telecomunicaciones para pagar la Tasa de Inspección, hasta tanto el cuerpo pueda tratar la solicitud elevada.
La empresa adelantó en el documento presentado que no consentirá el pago como está previsto en la ordenanza tributaria, advirtiendo una posible judicialización del caso, algo que la empresa ya ha hecho en la justicia federal en contra de medidas de organismos estatales como el Ente Nacional de Comunicaciones, que condicionaba la suba de tarifas para usuarios, obteniendo medidas cautelares favorables.
Los concejales empezaron desde hoy el estudio del caso ante el cuestionamiento de la multinacional, y son quienes deberán expedirse al respecto, más aún cuando el reclamo implica una modificación de ordenanzas vigentes.
