El Juzgado de Violencia Familiar y de Género ordenó una perimetral y en el Concejo Deliberante los ediles evalúan acciones a tomar por el caso.
El hecho conmocionó a la localidad y se conoció tras publicaciones en redes sociales.
Nuevo Diario pudo corroborar la existencia de una denuncia realizada a Salvatierra el pasado 18 de enero, por lo que el juzgado interviniente ordenó la perimetral contra el mandatario municipal.
A raíz del hecho, la presidenta del Concejo Deliberante, Liliana Santillan, envió dos solicitudes a la Fiscalía Penal de General Güemes y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género, documentación que habla sobre las posibles denuncias.
El cuerpo de concejales tuvo una reunión en la noche del último lunes, donde entre algunas medidas, se remitió una nota del cuerpo solicitando que el intendente convoque a una sesión extraordinaria para conformar una comisión investigadora del caso y que el mandatario se tome una licencia del cargo mientras es investigado.
Ya Santillan había enviado una nota pidiendo la presencia de Salvatierra ante el cuerpo y sugería el uso de la licencia. A este pedido, el mandatario y su asesora legal, Florencia Pineda, respondieron con un documento donde tildaban de insólita e irresponsable la conducta de la edil.
También en ese escrito, el intendente niega el hecho al afirmar: "Niego veracidad a la denuncia que se me ha dirigido, además de lo cual me encuentro amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia".
Fuentes cercanas a la víctima confirmaron a este medio que un médico legal de la Policía de Salta constató las lesiones físicas que se expresaron en la denuncia.
Además, denunciaron que desde el entorno de Salvatierra se ha realizado un hostigamiento constante desde que el caso tomó relevancia pública, y que, a raíz de esto, el intendente se niega a cumplir los acuerdos de mediación que mantenía en cuanto a la tenencia de los hijos de la pareja.
El pasado 12 de enero, tras una mediación legal, se llegó a un acuerdo en donde el mandatario se comprometía a entregar el 80% de su sueldo como funcionario ($120.000 mensuales), sumado al salario que percibe por sus dos hijos menores; hacerse cargo de la obra social de los niños y el pago de un alquiler para que estos vivan con su madre y ex pareja.
Sin embargo, amparado en que había un ítem de confidencialidad, Salvatierra considera que este acuerdo se violó y se niega a cumplir con los puntos acordados.
Violencia económica
Familiares de la víctima informaron que se ha desplegado, desde que se dio a conocer el caso, un mecanismo de violencia económica e institucional con herramientas estatales. Por esto, confirmaron que ratificarán las denuncias ante la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial de Salta.
En paralelo, el Concejo güemense debe esperar la respuesta del mandatario a los pedidos formulados para evaluar acciones a tomar.
