Ayer a la mañana, personal de la División de Trata de Personas de la Policía de Salta llevó adelante dos allanamientos. Uno en un sector de la casa ubicada en la calle Astigueta 612, mientras que el otro se registró a pocos metros, en una vivienda de la misma arteria. Como resultado, se logró desarticular actividades relacionadas a la trata de personas. La medida, autorizada por la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez, había sido solicitada por el fiscal general Eduardo Villalba en el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Salta, cuyos detalles se conocerán una vez que se concrete la audiencia de formalización del caso.
Gracias al procedimiento, supervisado por la auxiliar fiscal Nazarena Guzmán Alsina de la Unidad Fiscal Salta, se logró rescatar a varias mujeres víctimas, como así también detener a las presuntas responsables del delito. Asimismo, se incautó varios elementos probatorios.
Uno de los procedimientos, según lo informado, se concretó en un sector de un inmueble que, producto de una condena dictada en contra de los dueños de dicha propiedad por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, fue decomisado y entregado al Estado Nacional. Tal cesión surge de un proceso penal que se formalizó el 9 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se allanó el mismo domicilio donde los dueños habían montado un prostíbulo, en el cual varias mujeres eran rehenes de la actividad que los acusados llevaban adelante.
Como consecuencia de las pruebas reunidas, el 14 de enero de 2020, poco más de un mes de la formalización de la acusación penal, el Juzgado Federal de Garantías N° 1 condenó a los dos acusados, hizo lugar a un fuerte pedido de multas y también decomisó la vivienda, tal como lo había requerido el mismo fiscal Villalba, quien llevó adelante dicho caso.
La medida, considerada inédita en su momento, permitió que el inmueble quedara en manos del Estado Nacional, el que cedió la propiedad al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, el que a su vez dejó una parte del mismo en manos de la fundación Volviendo a Casa. En esa parte de la propiedad, la entidad lleva adelante talleres y otras actividades tendientes a ayudar a mujeres y personas víctimas del delito de trata, sin embargo, en el otro sector, en el que se habían instalados personas ajenas a la fundación, se había retomado el mismo delito, lo que generó nuevamente la actuación de la fiscalía.
En la víspera, tras el allanamiento y el rescate de las víctimas, la fiscalía recuperó el otro sector del inmueble, el cual quedó a cargo del Estado Nacional. En cuanto al caso, la fiscalía no descarta que los detenidos regenteaban otros lugares con la misma actividad delictiva.
