Como resultado de la investigación, el miércoles pasado, el fiscal federal Marcos Romero, de la sede fiscal descentralizada de Tartagal, imputó formalmente a los implicados ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien hizo lugar a la acusación de la fiscalía por el delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes.
El magistrado también dispuso la prisión preventiva de los imputados, tal como lo requirió la fiscalía. Para ello, el fiscal expuso, entre otros argumentos, el riesgo de fuga, el pronóstico de pena de cumplimiento efectivo y la posibilidad que los acusados entorpezcan la prosecución de la investigación penal en curso.
Al presentar el caso, Romero se refirió a la investigación que derivó en la detención de los siete acusados, como también el secuestro de 24 kilos de cocaína y otros elementos de interés para el caso: teléfonos celulares y documentación.
El fiscal indicó que las detenciones responden a una investigación iniciada en mayo de 2020, en la que intervinieron efectivos de la División Antidroga de la Subdelegación de la Policía Federal Argentina, en la ciudad de Orán, en coordinación con el auxiliar fiscal Rafael Lamas.
Sobre la modalidad desplegada por los acusados para el tráfico de la droga, el fiscal explicó que se hacía mediante el envío en paquetes de encomiendas, las cuales se despachaban a distintas localidades ubicadas a lo largo de las rutas 34 y 50, similar a un sistema de postas.
Relató que la investigación dio inicio cuando se detectó que varios paquetes contenían estupefacientes. En vista de ello, la fiscalía solicitó la apertura de la investigación penal previa a la formalización de cargos, a fin de profundizar la investigación en torno a estas encomiendas, e individualizar a los partícipes de la maniobras.
En los meses siguientes e inicio de este año, se pudo establecer el patrón y la identidad de los implicados, quienes, para no levantar sospechas, solían acondicionar y ocultar la droga en artefactos electrodomésticos, que siempre eran expedidos desde Orán y hacia el mismo destino.
Ante esta hipótesis, la Sede Fiscal dispuso diversas medidas de investigación que permitieron avanzar hasta determinar la identidad de cada uno de los involucrados, los roles que tenían dentro de la organización delictiva y su paradero.
A partir de ello, entre el 18 y 19 de febrero pasado, luego de la autorización concedida por el juez federal Carlos Alberto Martínez Frugoni, se procedió a realizar varios allanamientos simultáneos en las ciudades de San Ramón de la Nueva Orán y en San Miguel de Tucumán. En los procedimientos se logró secuestrar armas de fuego, municiones, automotores, motocicletas, gran cantidad de dinero en efectivo, varias cintas de embalar, balanzas digitales, teléfonos celulares, electrodomésticos y en total 24 kilos de droga, entre otros elementos de prueba.
En vista de estas pruebas, y tras describir la responsabilidad de cada uno de los imputados, el fiscal Romero calificó el accionar de los mismos dentro del delito de transporte de estupefacientes agravado, y solicitó la prisión preventiva y la autorización para avanzar con peritajes aún pendientes. Los pedidos fueron concedidos por el juez, tal como lo solicitó la fiscalía.
