Frente a las circunstancias actuales, por las que globalmente afrontamos la mitigación de las consecuencias del COVID-19, una de las medidas más eficaces a tales fines, es el confinamiento doméstico para lograr el distanciamiento social y evitar con ello la propagación de la epidemia.
Sin lugar a dudas, que ello implica entre otras cuestiones, la restricción a ciertos derechos o libertades individuales que se gozan en épocas denominadas de normalidad, dependiendo por supuesto de las sociedades y la conflictividad que estemos analizando. El mundo es global y diverso así como también sus realidades y concepciones de libertades.
Pero retornando a la problemática local no podemos ser ajenos a que lo que es sin dudas unas de las medidas más efectivas para contener la propagación del virus, sea al mismo tiempo un factor que eleva otro riesgo a nivel personal de un grupo vulnerable: las mujeres que sufren violencia de género.
La circunstancia de riesgo, no sólo es previsible por cuanto agresor y víctima estarían obligados a la convivencia permanente y por tanto aumentar las ocasiones de un trato violento, sino porque en tal permanencia se profundiza el nivel de agresión. Es decir, aumenta la recurrencia de la violencia de género en sus diferentes tipologías y así mismo el ambiente hostil se intensifica. Al mismo tiempo los escapes o neutralizaciones de eventos violentos se reducen por no contar con auxilios personales disponibles.
Ante ello, en ésta obligada adaptaciones a las rutinas cotidianas, de normalidad, entre las que se encuentran también situaciones de violencia habituales, es importante advertir la necesidad de intervención y soporte eficaz para las víctimas y potenciales víctimas de violencia de género.
Debemos anticipar una previsible escalada de violencia doméstica y de género, en las que la restricción ambulatoria; la crisis económica; las ansiedades y angustias colectivas introducen una levadura o fermento muy peligroso.
Si bien se comienzan a pensar y replicar medidas que se han adoptado en otros países, más allá de flexibilizar la circulación de las víctimas y ampliar sus canales de denuncias telefónicas o digitales, ello aparece bastante estrecho en cuanto a las posibilidades de una salida de su realidad. Y en ese sentido, éste tipo de contingencias epidémicas lo que hace es remarcar las enormes deficiencias que tiene el Estado para abordar y dar solución eficaz a la violencia de género.
Ello nos interpela a la necesidad de optimizar la utilización de las tecnologías, ponerla de manera urgente al servicio de la comunidad y revisar el funcionamiento “normal” de los procedimientos y dispositivos de prevención y asistencia en casos de violencia de género.
Todo ello, ante el evidente cambio de las circunstancia. Visto con optimismo, como una oportunidad, ello nos obliga a todos y todas, aunque principalmente al Estado a repensar y elaborar acciones estratégicas para prevenir la violencia de género en época de una pandemia, pero también reconociendo que se viene fracasando en el abordaje de la problemática a nivel local y que no sólo no se han podido reducir los niveles de violencia sino que lamentablemente se encuentran en un exponencial aumento de “casos” de violencia de género.
Por lo que la crisis global, en definitiva nos obliga a replantear crisis locales que son de urgente tratamiento.
- Pedro Arancibia, abogado, para Nuevo Diario.
