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OCHENTA COMUNIDADES

Firmaron la “Declaración por el derecho a la salud integral de los pueblos originarios” 

Unos ochenta líderes de comunidades originarias del norte provincial participaron del Encuentro de Salud Intercultural en la ciudad de Tartagal.

Hubo comisiones, un taller jurídico y se firmó un documento. 
Hubo comisiones, un taller jurídico y se firmó un documento. 

Tras las deliberaciones acordaron la redacción y firma de la "Declaración por los derechos de la salud integral de los pueblos originarios".

El documento destaca que transcurridos dos años de declarada la emergencia socio-sanitaria -por parte del gobernador Gustavo Sáenz-, la situación que le dio origen en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida. En particular, despierta especial preocupación la situación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemas actuales vinculados a la educación -especialmente en materia de acceso, calidad, interculturalidad y aquellas vinculadas a los impactos de la pandemia-, a la nutrición y a los consumos problemáticos, entre otros.

La actividad fue organizada por las comisiones directivas de Misión La Loma, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo Infancia en Deuda- y la Asociación Civil Pata Pila -ejecutores del Proyecto "Llegar al Norte" cofinanciado por la Unión Europea.

Los caciques de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, integrantes de las etnias wichí, ava guaraní, chorote y toba, discutieron sobre la problemática de salud desde una perspectiva integral, y reclamar por una pronta reglamentación de la Ley de Salud Intercultural N° 7.856.

Hubo trabajo en comisiones, con miras a diagnosticar algunas problemáticas de contexto que impactan en el derecho a la salud, como son la situación de las niñas, niños y adolescentes, el acceso al agua y la situación territorial y productiva. También se realizó un taller jurídico sobre la Ley de Salud Intercultural, la acción de amparo presentada en pos de su cumplimiento y la medida cautelar vigente.

Finalmente, cuatro comisiones discutieron en torno al contenido deseable de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo provincial.

Las y los líderes de las comunidades reclaman a quienes tienen la responsabilidad de estas temáticas, que asuman el papel que les toca en la implementación de aquellas medidas necesarias para terminar con la situación de vulnerabilización a la que se encuentran sometidas las comunidades, reviertan la discriminación estructural, y garanticen condiciones de igualdad y el acceso efectivo al conjunto de los derechos humanos.

 

 

 

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