Además, piden que se terminen los abusos y se cumpla la Ley de Alquileres.
Nuevo Diario dialogó con Natalia Soraire, una de las referentes de la convocatoria en Salta: "Sin esta extensión, va a haber una nueva ola de inquilinos que van a quedar en la calle, por eso pedimos un plan de desendeudamiento que de verdad sirva a los inquilinos, porque hasta el momento el Gobierno Nacional solo se sentó a dialogar con la Cámara Inmobiliaria y nunca con nosotros".
En ese sentido, continuó analizando: "La verdad es que hay un abuso, una suba desmedida de precios", y agregó que en Salta, la Asociación de Inquilinos presentó un proyecto de Defensoría de Inquilinos ante distintos organismos para proteger sus derechos sin obtener respuestas. "No hay respuestas de un Gobierno presente".
Soraire relató su experiencia personal, habiendo sido desalojada, sin trabajo: "Terminé viviendo en un espacio comunitario, quedando como muchas totalmente marginada y en plena pandemia", señalando, además, que esta situación se replica, y que existen estudios que sostienen que un gran porcentaje de mujeres a cargo de familias deben ubicarse en asentamientos, sin ninguna otra alternativa.
La convocatoria será seis días antes que venza la vigencia del decreto. "No se dio tiempo para una búsqueda tranquila, y se nos deja expuestos a subas de precios indiscriminadas. Eso sin contar que nadie puede pagar los precios actuales, y menos podrá hacerlo con aumentazos y el pago de deudas", señalaron.
"Le pedimos al Ministro Jorge Ferraresi que recapacite", manifestaron en un comunicado las organizaciones que nuclean a los inquilinos e inquilinas del país.
"De esta manera, se está dejando a merced del mercado a muchas familias que no tienen a dónde ir ni capacidad de pago", aseguraron en un documento.
"La pandemia ha profundizado aún más el déficit habitacional en nuestro país, fundamentalmente para las mujeres y las disidencias. El Gobierno debe afrontar esta situación y priorizar el derecho a la vivienda de las familias inquilinas por sobre la especulación y la rentabilidad desmedida del sector inmobiliario", insistieron.
"Sin decreto", afirmaron las organizaciones de inquilinos, "las mismas inmobiliarias que impusieron subas de precios totalmente desproporcionadas y que hacen lobby para derogar la Ley de Alquileres, van a meter presión para desalojar a aquellos que no puedan pagar (ya está sucediendo), o para cobrar las deudas a través del embargo de garantes. Todas consecuencias que no suman en este contexto", concluyeron desde las organizaciones.
