Raúl Kalinsky, ex secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Salta, durante la intendencia de Miguel Isa, por delitos que son más graves que el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Está procesado y se lo va a condenar por delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, y creo que se va a ampliar a otros delitos más graves. Él siempre dijo que era inocente, pero era la persona más comprometida porque por sus manos pasaban todas las obras públicas y las exenciones. Va a llegar a Miguel Isa porque no puede decir que desconocía lo que pasaba. Hay responsabilidad penal del ex intendente”, manifestó el abogado John Grover Dorado en el programa Las Barbas en Remojo, de Héctor Alí.
Kalinsky, junto a otros ocho ex funcionarios, gracias a una presentación que hizo Red Sol trece años atrás, quedó imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de coautor por 7 hechos. Mónica Mukdsy, jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio de Salta, concluyó que el exsecretario municipal favoreció a las empresas que construyeron los edificios de Vicente López 326; Deán Funes 521; Caseros 1850 - España 1845; General Güemes 420; Deán Funes 520; Alsina 171 y España 935 con excepciones que dictó en abierta contradicción con las ordenanzas que establecen los códigos de Edificación y Planeamiento, y con atribuciones que son propias del Concejo Deliberante.
En diciembre de 2021, Guillermo Polliotto, juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, rechazó una apelación que interpuso la defensa de Kalinsky. A través de ese recurso se planteó la extinción de la acción penal formulada contra el exfuncionario por prescripción de la causa.
"La causa es muy compleja porque tiene muchos años de tramitación. Ha consecuencia de ello se dividió la causa penal por partes y se realizan resoluciones que se van agravando cada vez más. Es compleja por la cantidad de edificios que se han construido en los últimos años, y por los que se están construyendo, porque no cumplen con las normas existentes tanto del Código de Edificación como de las normas nacionales que son obligatorias, sobre todo las que son para zonas sísmicas", explicó Grover Dorado.
"El juzgado donde se tramitan la mayoría de las causas ha ordenado a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos que investigue la comisión de delitos más graves que no solo se tratan de incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino de delitos que van desde la falsificación de documentos hasta abuso de autoridad. El incumplimiento de los deberes de funcionario público son delitos leves que no tiene la condena de prisión efectiva, como si la tienen los otros delitos y no son excarcelables", remarcó,
Grover Dorado explicó que Red Sol se convertirá en parte querellante para que la causa avance y no se archive. "En todas las causas penales actúa la fiscalía penal que cuando se trata de delitos realizados de funcionarios públicos tiene la obligación de expedirse y ver si existen indicios de la comisión de un delito penal. En este caso no basta con la denuncia que ya hizo el fiscal, sino que tiene que investigar y verificar quienes pueden ser los supuestos culpables", dijo.
Señaló que la investigación determinará quienes son los responsables de las construcciones irregulares que se hicieron durante la gestión de Miguel Isa y de las que le siguieron.
En tanto, María Elena Jiménez, titular de Red Sol, en declaraciones periodísticas sostuvo que también deben ser juzgados, los concejales que aprobaron las exenciones para la construcción de los edificios. Y agregó que "se canjeaban los certificados de final de obras por departamentos. Se trataba de una gran banda organizada a la que no le importa ni siquiera construir sin agua potable. Los edificios carecen de escaleras externas para el escape de los habitantes en caso de emergencias. Además, no se puede construir un edificio pegado al otro, como lo están haciendo en la actualidad".
Falencias
Jiménez recordó que los edificios carecen de escaleras externas para el escape de los habitantes en caso de emergencias y que están construidos pegados entre sí.
En tanto, Dorado afirmó que como consecuencia del incumplimiento de las normativas se contaminaron las aguas subterráneas.
"No se respetaron los límites de altura y superficie, se han edificado en altura superiores a las permitidas por el Código de Edificación. No se respetaron las normas sismoresistentes, lo que es un peligro si llega a haber un terremoto leve", afirmó el abogado.
"El sistema cloacal está colapsado por la cantidad de obras que se hicieron. La energía eléctrica si bien fue incrementando su capacidad existen edificios que, al no tener el final de obra, Edesa no les da medidor entonces compran generadores eléctricos para cada edificio y eso genera el encarecimiento de la obra", finalizó.
