PRECIOS TRANSPARENTES

Denuncian que más de un 30% de los comercios están en infracción

Los datos surgen de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) de Buenos Aires, durante los cinco días posteriores a la implementación del programa oficial. Según el informe, la tercera parte de los locales comerciales incurren en incumplimientos a la norma que entro en vigencia el 1 de febrero.

Imagen ilustrativa

Miguel Calvete, presidente del organismo de estadísticas detalló que el trabajo se llevó a cabo desde el miércoles 1 hasta el lunes 6 de febrero sobre un total de 247 comercios de rubros tales como indumentaria, calzado, marroquinería, perfumería, electrodomésticos, artículos del hogar y electrónica ubicados en avenidas comerciales y shoppings de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán.

Sobre el porcentaje de infracciones, INDECOM destacó que un 13 % de los comercios “no cumplieron con la reglamentación por no informar el Costo Financiero Total en caso de exhibir precios financiados o por no indicar si hay financiación”, el 12 % “está en infracción por “señalar leyendas de “cuotas sin interés”, siendo que las mismas ya cuentan con intereses incluidos” o por citar inscripciones tales como “consulte planes de financiación”.

En tanto, “el 7 % incluye a quienes colocaron carteles en los que “no coincide el total financiado con el resultado de monto y cantidad de cuotas” y a otros que “exhiben cartelería con planes de cuotas con diferentes costos de financiación”.

Sobre las causas del incumplimiento, el 61 % de los comerciantes reconocieron que “no entendieron cómo informar correctamente el cambio en los precios según los diferentes medios de pagos”, el 19 % dijo que “no hicieron a tiempo para cambiar la totalidad de los precios exhibidos” y el 11 % reconoció “no ejecutar correctamente la norma por no estar de acuerdo con su implementación”, dado que consideraron que “la diferenciación de precios confunde a la gente y podría generar caída en las ventas”. Por último, el  9 % reconoció que “no la aplica porque ya cobraba precios distintos por pago “efectivo, en una cuota o débito” y pago “en cuotas con interés”.

En cuanto a los precios, incluyendo aquellos negocios que publicaron correctamente los precios, Calvete señaló que “un 18 % de los negocios mantuvo el precio en un pago o al contado, pero incrementó el cargo con financiamiento”, y detalló que “los aumentos en cuotas rondan entre un 5 y un 15 % promedio para seis pagos”. Por su parte, informó que “sólo el 8 % de los comercios redujo el precio en efectivo (entre un 5 y un 7 %), porque afirmaron que “ya venían bajando los precios de contado por la caída de ventas, lo cual les impide seguir bajando precios”.

El instituto de estadísticas de consumo detalló en su trabajo que “por un lado, muchos negocios sostuvieron que los clientes dudan a la hora de comprar, porque no entienden los diferenciales aplicados según los medios de pago” y que, por el otro, “un 20 % de los comercios manifestaron que los consumidores toman de mala manera que haya intereses en cuotas, aún en aquellos comercios en los que se bajaron los precios en efectivo”, porque dicen que “la gente estaba muy acostumbrada a pagar con tarjetas de crédito”.

Tras esos datos, el titular del organismo expresó que es importante que el Gobierno realice una campaña aclaratoria y dé instrucciones a los comerciantes, ya que “es muy elevado el porcentaje de puntos de venta pequeños y medianos que no comprende la medida ni cómo ponerla en práctica".

En ese sentido, dijo que “es normal que la mayoría de los comercios, sobre todo los más chicos, necesiten un proceso de adaptación y capacitación que les permita cumplir con los requisitos que estipula el plan oficial” y agregó que “seguramente en los próximos 30 días el porcentaje de infractores se reducirá a más de la mitad”.

Finalmente, Miguel Calvete sostuvo que “sería positivo que el Ejecutivo Nacional estipule un plazo de al menos un mes en el que se labren sólo actas de apercibimientos y no de infracciones (salvo en aquellos casos donde se registren evidentes distorsiones de precios), para permitir que tanto los comercios como los consumidores interpreten claramente las normas que establece la nueva reglamentación”.

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