La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una "asociación ilicita", que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.
En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-; y el también detenido y procesado Báez.
En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".
Para el magistrado "se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".
La imputación había sido pedida por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques - hermano del viceministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques- en base a un informe de Vialidad Nacional que, según los abogados de la ex mandataria, contradice los argumentos del llamado a indagatorias original de los propios fiscales.
La defensa de CFK
“La asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto”, sostuvo la ex presidente sobre la decisión del juez Ercolini. CFK reaccionó con un escrito, difundido en las redes sociales y titulado "Postales para el fin de año", en el que consideró, entre otras cosas, que el magistrado usó para procesarla "una figura penal creada por gobiernos de facto".
