Con las negociaciones del Gobierno con el FMI como telón de fondo, los diputados opositores dieron media sanción al proyecto que pone freno a los tarifazos de los servicios públicos esenciales. Así, la iniciativa obtuvo 133 votos a favor, 94 en contra y 3 abstenciones.
Los 133 votos a favor reunieron a todo el arco opositor de la Cámara de Diputados aun con las disidencias sobre la iniciativa que declara la “emergencia tarifaria”, retrotrae las tarifas de luz, gas y agua a noviembre de 2017, propone estabilizarlas por un año y ata los futuros aumentos al índice de variación salarial para los hogares y al índice de precios mayoristas para pymes, cooperativas y empresas recuperadas.
Del otro lado solo quedó el oficialismo con 94 votos en contra, que asumió la derrota con el horizonte del veto presidencial y criticó el proyecto, al que calificó de “irresponsable” y demagógico”.
Durante el debate, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño defendió la facultad que tiene el Congreso para debatir las tarifas al señalar que el objetivo es "proteger los derechos de los usuarios", al rebatir la posición del Gobierno que sostiene que es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
También recordó que el Parlamento puede legislar sobre tarifas porque el artículo 42 de la Constitución habla de la defensa de los usuarios.
A su turno, el diputado Máximo Kirchner acusó al presidente Mauricio Macri de haber realizado "demagogia electoral" porque en el debate presidencial que protagonizó con su rival, Daniel Scioli, dijo que "no iba a haber tarifazos, y después lo hizo".
"Hablan de pesada herencia pero Néstor Kirchner recibió el país de la mano del senador Duhalde, que era un senador a cargo del Poder Ejecutivo porque muchos de los que estaban en frente habían huido", remarcó Máximo.
Por su parte, el diputado nacional de Evolución Radical, Martín Lousteau, aseguró que "no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia" en la gente, sino también "qué va a pasar en el futuro", a la vez que advirtió que "los que plantean ahora la solución fueron los que crearon el problema". El voto del bloque de Losteau fue de abstención.
Mientras se debatía, unas cien multisectoriales se manifestaron afuera del Congreso contra la suba de tarifas en y en diferentes ciudades del país. Bajo la consigna #NoAlTarifazo, pidieron a los usuarios que publiquen en las redes sociales sus facturas de gas, agua y electricidad.
Proyecto limita los aumentos
La oposición dejó de lado varios capítulos del texto original. Como la reducción del IVA en las facturas de los servicios (del 21 por ciento al 10,5) para aplacar el reclamo de los gobernadores por los ingresos que dejarían de percibir sus provincias con la rebaja del impuesto coparticipable.
El recorte tarifario no alcanzará a los sectores más altos, ya que los límites se establecieron de acuerdo a los consumos de los servicios. Mientras que se amplió el alcance de la tarifa social más allá de los beneficiarios de planes sociales, y que alcanzará -por ejemplo- a los clubes de barrios. Al cierre de esta edición se discutía artículo por artículo.
Desde el oficialismo, volvieron a hacer eje en el “costo fiscal” de la iniciativa opositora. Se apoyaron en un informe que Cambiemos solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que todavía no tiene acceso a sistemas informáticos, no tiene personal técnico contratado y ni siquiera oficina. Allí se estableció que el costo fiscal alcanzaría 80 mil millones de pesos.
Una cifra que los diputados que redactaron el proyecto desmintieron. Los opositores estimaron que con los cambios producidos en el proyecto el costo fiscal rodaría los 25 mil millones de pesos.
“Nadie en Cambiemos habla del costo fiscal que significa la ley de Financiamiento Productivo y lo que dejaría de recaudar la AFIP con la aprobación del acuerdo con Brasil para eliminar la doble imposición sobre rentas”, argumentaron.
De convertirse en ley el proyecto votado anoche, sólo alcanzará a las empresas de servicios concesionadas por el gobierno nacional (sólo el gas abarca todo el país), por lo que las provincias podrían adherir a la emergencia nacional para adecuarla a las empresas que brindan los servicios en cada una de ellas.
