En una clara respuesta a la interpretación que hizo la Corte Suprema al aplicar el 2x1 a favor del represor Luis Muiña, la intención es dar una señal contundente antes de la marcha que se anticipa masiva y que fue convocada para hoy a las 18, por las organizaciones sociales y de Derecho Humanos.
El Senado convocó a sesión especial para hoy miércoles a las 10 de la mañana por el plenario Senado con el fin de debatir el proyecto que prevé acotar la aplicación del 2 x 1 a los represores y que contó con 11 respaldos y el solitario rechazo del salteño Alfredo Olmedo.
Los diputados que presentaron los proyectos son Donda, la socialista Alicia Ciciliani, el kirchnerista Héctor Recalde, los macristas Daniel Lippvtezky y Pablo Tonelli y Remo Carlotto del Movimiento Evita.
En un hecho poco habitual, el debate del proyecto aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema.
El texto del dictamen plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiño, "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".
En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001. Se trata de un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas, incluso del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.
diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.
La legisladora del interbloque Progresistas dijo en este sentido que el deber del Congreso es no "permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país".
"Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley", aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: "Señores jueces, ¡Nunca Más!".
A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la ley más benigna" tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.
El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, disintió con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos".
Por su parte, líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, planteó sus diferencias ante el fallo de la Corte Suprema aunque responsabilizó al kirchnerismo por no haber sancionado en 12 años una ley aclaratoria para evitar una sentencia judicial que, según consideró, "es correcto desde el punto de vista del positivismo jurídico".
