La decisión judicial hizo lugar a una presentación realizada por Parrilli el 6 de febrero, con relación a la difusión por parte de la prensa de algunos audios "que pertenecerían a interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la CFP 481/16".
Esa causa investiga el presunto encubrimiento agravado que habría cometido el ex jefe de la AFI sobre Ibar Pérez Corradi, quien era buscado por ser el supuesto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez.
Para Parrilli, la difusión de las escuchas de las conversaciones entre él y la ex presidente Cristina Kirchner obedecen a un "espionaje político" que pone "en riesgo" la democracia. Por ello, en la presentación del escrito judicial, recordó que la Corte "es responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones, y en este caso, está en riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas".
El pedido
La Corte Suprema difundió ayer un comunicado donde informan que pidieron a la Oficina de Captación de Comunicaciones que explique toda la actividad realizada en la causa por el supuesto encubrimiento de Pérez Corradi; al juez Lijo le pidió que informe “cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiera corresponder a los agentes judiciales intervinientes en la captación, transmisión, entrega y resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las intercepciones telefónicas ordenadas en la causa”. La Corte pide que todo sea “a la mayor brevedad” pero no pone plazos.
En Comodoro Py, la investigación sobre quién reveló las escuchas está a cargo del Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado. En teoría, la pesquisa debería abarcar al órgano de la Corte, al juzgado, a la fiscalía de Marijuan y el personal de la AFI.
