Finalizada la reunión, se anunció que se encuentran en cuarto intermedio y que el Gobierno anunciará a los docentes la convocatoria a una nueva reunión.
La propuesta de aumento salarial pasó del 19% ofrecido anteriormente al 20% en tres cuotas, más una suma fija de $750 por cargo y un adicional anual por presentismo de $5.300 en el ingreso promedio. Lo llamativo fue que ofrecieron un acuerdo a tres años.
Fuentes oficiales señalaron que con este incremento global el ingreso promedio pasaría de $19.220 a $23.064, y si se le suma el adicional por presentismo ascendería a $23.504.
Además, y en el marco de estas negociaciones, las autoridades provinciales buscan cerrar un acuerdo hasta 2019 con el compromiso de que las clases se inicien en tiempo y forma y que se cumplan con los 180 días de clases. En ese sentido, Vidal ofertó para 2018 y 2019 subas salariales atadas a la inflación más un plus del 10%.
De esta manera, el año próximo el sueldo promedio de un maestro quedaría en $26.108. Mientras que para el 2019 el salario llegaría a los $27.800.
Días atrás, la administración de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires había realizado la convocatoria al encuentro de la comisión técnica salarial con la promesa de una oferta "superadora". En tanto, el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, había anticipado que el acuerdo con los docentes iba a tener un componente que tiene que ver con el presentismo de los maestros.
Asimismo y en la propuesta, se contemplaban temas relacionados a la calidad educativa, pensando en el largo plazo. Por parte del gremio de SUTEBA se manifestó Baradel, indignado una vez finalizada la reunión, en contra de la improvisación del Gobierno, advirtiendo “una estrategia que juega al desgaste”.
Baradel sostuvo también que la “propuesta superadora” consistía en un aumento de $98, por lo que era imposible arribar a una negociación, y que si bien todavía no se definieron las líneas de acción desde los distintos gremios, la postura docente sigue firme. El dirigente dijo que la reunión dejó un sabor amargo frente a las expectativas de los docentes.
Los números están lejos de lo que reclaman los docentes, que al inicio de la negociación paritaria pidieron un 35 por ciento –10 para recuperar lo perdido por la inflación de 2016 y 25 para este año–. Ayer, de manera extraoficial, en algunos de los gremios hablaban de un 30 por ciento como número en el rango de lo aceptable –8 por la inflación del año pasado, 22 para la de este año, con una cláusula gatillo de ajuste automático por inflación–.
Lo novedoso de la reunión de ayer no fue así el monto del aumento ofrecido, que en el mes y medio de conflicto pasó del 18 al 19 y ahora al 20, manteniendo prácticamente el mismo techo, sino el agregado del ítem por presentismo de 5300 pesos anuales (serían 441 pesos por mes) y el hecho de que la gobernación planteara firmar el acuerdo por los próximos tres años.
En este esquema, propuso otorgar en 2018 un 10 por ciento de aumento más que la inflación que registre el Indec y 20 mil pesos anuales por presentismo, sujetos a la baja del ausentismo. Y para 2019, un aumento del mismo orden –10 por ciento por encima de la inflación–, con 32 mil pesos anuales de presentismo.
La propuesta fue filtrada a los medios en los minutos iniciales de la reunión, cuando los representantes docentes no habían sido informados de su contenido, en una señal de que los funcionarios estaban enfocados más en impactar a la opinión pública, puertas afuera del ministerio, que en avanzar, puertas adentro, en un entendimiento con los gremios.
Durante la jornada, la gobernación oficializó, por otra parte, el pago del premio de mil pesos a los maestros que no hayan adherido a las medidas de fuerza que se realizaron desde el 6 de marzo.
La gobernadora María Eugenia Vidal avanzó con esta “gratificación” a pesar de que un fallo de la jueza en lo contencioso administrativo 4 de La Plata, María Ventura Martínez, había intimado a la provincia a abstenerse de pagarlo –así como también de aplicar descuentos a los salarios por los días de paro–. El plus fue denunciado ante la justicia porque se trata de una medida dirigida a romper la huelga, que es un derecho de rango constitucional. Es decir que discrimina entre docentes que ejercieron un derecho y los que no.
