La Oficina Anticorrupción enviará sendos requerimientos a los ministros Caputo y Aranguren para que aclaren si prestaron servicios a sociedades en el exterior y si dicha actividad fue incluida en sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales.
Alonso adoptó dicha decisión luego que en los medios de comunicación se difundieron que los ministros citados están comprometidos en la administración de sociedades y fondos de inversión offshore.
La duda sobre si ambos ministros consignaron u omitieron esos datos en sus antecedentes laborales es porque las declaraciones juradas patrimoniales tienen un anexo reservado al que la OA no puede acceder.
Por eso, como medida complementaria a los requerimientos, Alonso le solicitará en las próximas horas al ministro de Justicia, Germán Garavano, una autorización expresa para poder ingresar a los anexos reservados y cerciorarse si Caputo y Aranguren están en falta.
El artículo 12 de la Ley de Ética Pública obliga a todos los funcionarios, cuyo acceso a la función pública no sea resultado directo del voto, a incluir en su declaración jurada patrimonial sus antecedentes laborales.
De acuerdo con la información difundida en los Paradise Papers –el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung–, antes de asumir en el cargo Caputo administró inversiones en las Islas Caimán y Delaware, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.
Por su parte Aranguren, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.
Denuncia penal
Mientras tanto se conoció que el senador Fernando Pino Solanas dio por hecho que en el caso de Aranguren eso no sucedió. Y en consecuencia el jueves lo denunció penalmente ante la jueza federal María Servini de Cubría.
Los dos funcionarios también aparecen sospechados de un supuesto conflicto de intereses.
El artículo 15 de la Ley de Ética Pública les impide tomar intervención en cuestiones relacionadas con personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años o tengan participación societaria.
