En diciembre pasado Bonadio pidió el desafuero y la prisión preventiva de la ex presidenta junto a la del ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario General de la Presidencia Carlos Zannini, el dirigente piquetero Luis D'Elía y otros imputados en la misma causa como el referente de la comunidad islámica en Argentina Jorge “Yussuf” Khalil y el ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche.
El juez avanzó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que denunció por encubrimiento a los funcionarios tras la firma del Memorándum con Irán, un tratado aprobado por el Congreso y que nunca llegó a ponerse en práctica.
Según Nisman, el memorándum escondía un supuesto encubrimiento a los cinco iraníes imputados y por eso acusó a la ex presidenta y al resto de los funcionarios.
Esta denuncia fue desestimada en dos instancias judiciales posteriores por carecer de pruebas de delitos. El primero que la desestimó fue el juez federal Daniel Rafecas, quien luego fue citado a una suerte de indagatoria el Consejo de la Magistratura para dar cuenta de esa decisión tomada hace dos años.
A pesar de que la denuncia de Nisman había sido desestimada, la DAIA le dio un nuevo impulso bajo el insólito cargo de “traición a la Patria” y, 12 días después de la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la Cámara Federal volvió a darle entidad a ese expediente.
El planteo llega cuando las últimas encuestas muestran una caída en la imagen del Gobierno y la agenda está ocupada por la polémica por el gatillo fácil, los despidos en distintos ámbitos del Estado y tarifazos.
