Hasta el momento hay 750 condenados y 77 absueltos, el resultado de 175 sentencias dictadas desde 2006. 118 causas aguardan juicio oral. Y sólo el 25% de las condenas está firme.
“Los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio”, se sostiene en el informe, que da detalles: 1149 acusados están en libertad, y 1044 están en calidad de detenidos, pero eso no quiere decir que estén efectivamente en prisión, porque 518 de ellos tienen prisión domiciliaria, 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios (la gran mayoría de estos, 53, están en la Unidad 34, en el predio militar de Campo de Mayo).
Así las cosas, sólo 455 de los 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad están efectivamente en cárceles federales o provinciales. Sobre seis casos se carece de datos.
El informe detalla que “desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, 750 de las cuales resultaron condenadas” y 77 fueron absueltas.
Dado que este viernes se cumplirán 41 años del golpe de Estado que inauguró la mayor represión terrorista de la que se tenga memoria en el país, los datos fríos dan cuenta de la histórica dificultad del Poder Judicial y el Ministerio Público para avanzar en los proceso de memoria, verdad y justicia: en más de una década de procesos, los sentenciados rondan el 30% de los 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad en todo el país.
“Sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17%”, indicó la Procuraduría a cargo del fiscal Jorge Auat.
Mientras, 118 causas (con 280 acusados) aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, y solo siete de ellas tienen fecha de inicio. De éstas, dos ya comenzaron (la causa UP 1 en Córdoba y la Megacausa II en San Juan).
En este momento están en curso 16 juicios en todo el país, entre ellos el noveno juicio de Salta, que está ya en la etapa de alegatos. Del total de 2780 imputados por el Ministerio Público Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 están procesados (28%), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos.
Además, otros 438 están sólo imputados (es decir, aún en la primera parte de la investigación) y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que “se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal”, indicó la Procuraduría, la que reiteró que las “demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella”.
