Se trata de un plan piloto aprobado en 2016 por Acordada 12241 de la Corte de Justicia. El texto argumentaba que “en las circunstancias sociales actuales, el constante incremento de las cuestiones que son sometidas a decisión judicial y la necesidad de disminuir el tiempo de respuesta a los justiciables, aconsejan a esta Corte –como lo ha hecho en otras oportunidades- evaluar alternativas que permitan alcanzar los mencionados objetivos estratégicos”.
Los juzgados que funcionarán con esta nueva modalidad son: el de garantías de segunda y tercera nominación, el de primera instancia en lo civil y comercial de primera nominación, el de primera instancia en lo civil y comercial de procesos ejecutivos de tercera nominación, el de menores de tercera nominación y el de violencia familiar y de género de primera nominación en el distrito centro.
Se suma el juzgado de garantías de primera nominación y el primera instancia en lo civil y comercial de primera nominación en Metán. También el juzgado de garantías de primera nominación, el de primera instancia en lo civil y comercial de segunda nominación de Anta y el de violencia familiar y de género de Tartagal.
Además de los juzgados, la experiencia piloto incluye también a la oficina distribuidora de expedientes de Ciudad Judicial al servicio médico y el área de ujiería.
A los seis meses de vigencia de la implementación del plan se realizarán evaluaciones de los resultados, según se afirmó desde el Poder Judicial.
