Se trata nada menos que de Avión Sur SA, cuya firma estaba controlada por el ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien había declarado, ya al ser senador nacional, ser el dueño del 51 % de las acciones de dicha empresa, con lo cual la fiscalía probó que la cesión del hangar era ilegal, ya que todo se trató de una maniobra para quedarse con las instalaciones, en la cual, y hasta el día de hoy, el senador nacional guarda sus aeronaves.
Probado el fraude, Akemeier remitió la causa a juicio por los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración, ambos en concurso real”, en contra del ex gobernador.
Coautor
A su hijo Juan Esteban Romero, en tanto, se le imputó el delito de “coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública”, mientras que Funes y Medina, deberán responder como “cómplices primarios”.
Planteo federal
Ante este revés judicial, y cuando Romero se presentaba nuevamente como candidato a gobernador, el ex gobernador planteo ante el juez federal 2, Miguel Medina, con quien mantiene una estrecha relación, un pedido para que la causa quede bajo competencia de ese tribunal, con la excusa de que la jurisdicción era federal por tratarse de un aeropuerto.
Esta jugada judicial le sirvió a Romero para evitar el juicio y dilatar el caso, ya que ante esta cuestión de competencia, la causa fue girada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el expediente permaneció hasta el 4 de julio pasado, cuando resolvieron el caso.
Los jueces Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fernando Rosenkrantz, coincidieron en sostener que el proceso penal en contra del ex gobernador debe seguir bajo la jurisdicción de la justicia provincial, fallo que llevó a la jueza Montoya a reactivar el expediente, pues a la causa sólo le restaba fijar fecha de juicio.
