El escrito, sin embargo, no tendría mucho valor en comparación a la muerte de Neri, ya que por más que la joven haya firmado, el documento no se encuentra como requisito o condición de ninguna clase de protocolo, ni tampoco cuenta con otros informes complementarios, ya sean sociales, psicológicos o psiquiátricos.
La muerte de Neri, en circunstancias nada nuevas para las autoridades carcelarias, dejó en evidencia la ausencia de protocolos al respecto, ya que el acta firmada por la joven asesinada el jueves pasado fue ordenada por un funcionario de tercera línea, quien prácticamente no posee facultades para tomar decisiones de semejantes características.
Por ende, la responsabilidad penal de este caso podría ir mucho más allá de los funcionarios que el Gobierno provincial sindicó, y en quienes pretenden que se corte el hilo. Para ello, uno de sus nuevos socios políticos, el ex gobernador, Juan Carlos Romero, adelantó ayer una defensa del sistema penal al publicar a una ex integrante del servicio, quien trató denodadamente endilgar culpas a la Justicia.
Lo más llamativo es que la interlocutora elegida reconoció, pese a la función que cumplió en el penal, que la droga pasaba fácilmente desde el exterior adentro de la cárcel, siendo que su deber era evitar casualmente dicho delito.
