Esta situación se planteó luego que el jueves pasado Ferraris, quien debía presentarse a declarar, no lo hizo, por acogerse a la inmunidad que le otorga su actual cargo al frente de la Auditoría General de la Provincia.
En ese sentido Ferraris, sostuvo que el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación hace referencia a que los auditores entran dentro de la inmunidad de los jueces provinciales.
Esto fue aceptado por la jueza del tribunal unipersonal Liliana Snopek, quien sin haber notificado con anterioridad a las partes sobre la presentación de Ferraris, comunicó en la audiencia.
Esta actitud recibió el rechazo de las defensas que ejercen Gabriela Martínez, en nombre del ex comisario Hugo Liendro; Santiago Pedroza, que representa a Natalia Otero, y los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek.
Así se dejó constancia que se irá en casación por esa situación.
Mientras tanto se aceptó la posibilidad de presentar pliegos de preguntas, que serán enviados a Ferraris en la jornada de hoy. Se estima que en la audiencia citada para el viernes, en una primera instancia, se conozcan las respuestas.
Ferraris, fue mencionado como la persona de la que dependendía la Policía en aquella época, y firmaba algunas autorizaciones, para el uso de los vehículos que secuestraba la Policía por diversos delitos, y se usaban discrecionalmente tanto por algunas divisiones policiales, como por otras personas.
Liendro y Otero están siendo juzgados por peculado en distintos grados. La imputada en su declaración sostuvo que el automóvil en cuestión le fue entregado, en el despacho de Ferraris, y ella lo retiró del estacionamiento del Centro Cívico del Grand Bourg.
“Yo lo utilicé para efectuar una ayuda solidaria de entrega de sillas de ruedas”, testificó Otero frente a la jueza. Para esta próxima audiencia también fue citado a declarar Manuel Brizuela ministro de Gobierno de la gestión de Juan Carlos Romero, y otras cuatro personas que podrían haber sido testigos de la entrega del automóvil Peugeot 206 azul eléctrico.
