El caso registrado durante la administración de Juan Carlos Romero, involucró a su secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, a quien Romero lo envió como ministro de la Corte, dos semanas antes de dejar el poder.
Todo el proceso fue publicado por Nuevo Diario, en el marco de una investigación periodística que destapó el accionar irregular de funcionarios, jefes policiales y dirigentes polìticos.
Bajo el título “Un renta car policial en Salta”, el desaparecido diario Crítica de la Argentina, publicó en 2008 que “Hugo Liendro permitió que los autos secuestrados en procedimientos judiciales fueran entregados a amigos, parientes y funcionarios para su uso personal". Uno de los vehículos, incluso, fue utilizado por el entonces secretario de Seguridad y luego designado integrante de la Corte (por Gustavo Ferrari). Luego, el ex Jefe de la policía de Salta quedó procesado por peculado.
La decisión de la Justicia Federal se tomó en el marco de una causa que comenzó en 2004, a partir de una investigación del NDS de Salta en la que se reveló que muchos de los autos que la policía secuestraba en investigaciones por narcotráfico o robo iban a parar a manos de familiares y amigos.
El escándalo fue mayor cuando se denunció que el secretario de Seguridad de aquel momento, Gustavo Ferraris, manejaba una camioneta 4x4 con chapa melliza. Aunque el funcionario del gobierno de Romero reconoció que la camioneta Jeep Grand Cherokee en el que se trasladaba tenía procedencia "irregular", fue sostenido en su cargo”, decía el diario porteño fundado por Jorge Lanata.
Acusación penal
Un sumario se abrió a partir de una promoción penal dictada por el entonces fiscal penal 1, Eduardo Barrionuevo, quien acusó penalmente a Ferraris, entonces ministro de la Corte y ex hombre fuerte del gobierno de Romero en materia de Seguridad luego de evaluar una denuncia radicada por el Ministerio de Justicia de la provincia. Entonces Ferraris aparecía en una larga lista de acusados, quienes se desempeñaban en la Secretaria de Seguridad de la Gobernación.
Todo se inició con una investigación interna realizada por el Ministerio de Justicia de la administraciòn Urtubey, organismo que luego, ante las serias irregularidades descubiertas, se presentó ante el fiscal y radicó la denuncia del caso.
Barrionuevo promovió acción penal, ya que a su criterio efectivamente existen indicios que ameritaban investigar a Ferraris y otros ex funcionarios y empleados por presuntos delitos.
El caso fue presentado originalmente ante el juez provincial Marín Pérez, quien se inhibió, aparentemente, por razones familiares (es primo de Ferraris) y le giró el expediente a su par del juzgado penal 2
Ferraris aparecía también cuestionado por su presunta participación activa en el escándalo de los autos secuestrados que le había costado al ex jefe de policía, Hugo Liendro, un procesamiento por "peculado", dictado por la justicia federal.
