Luego de estar diez años prófugo, Castedo fue detenido en julio del año pasado por narcotráfico y por el asesinato de Liliana Ledesma.
El fiscal de Orán, José Luis Bruno; el fiscal general colaborador en casos de narcocriminalidad, Carlos Amad, y el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recurrieron a la Cámara luego que en primera instancia el juez Gustavo Montoya rechazara este pedido, y también la solicitud de indagatoria de Torino y de Delfín Castedo, además del embargo preventivo de las fincas El Aybal y El Pajeal. Datos reunidos por los investigadores demuestran, a juicio de los fiscales, que Delfín Castedo sigue dirigiendo actividades de narcotráfico en la frontera argentino boliviana.
Un secuestro
El 22 de diciembre pasado, en El Quebrachal, Gendarmería secuestró 180,095 kilos de cocaína que era transportada en un camión por Bernardo Flores. La investigación determinó que la droga era llevada a Santa Fe, que la logística la había organizado Ricardo Erva, custodio de la finca El Pajeal, y que la esposa de Castedo, Melba del Carmen Araujo de Castedo, había pagado 30 mil pesos a Flores para que hiciera el transporte.
En enero pasado los fiscales detallaron los datos acumulados para pedir la indagatoria de Castedo, y de Torino, al que consideraron “prematuramente” sobreseído (por el ahora ex juez federal Raúl Reynoso) el 18 de mayo de 2011, y sobre el que señalaron que las nuevas pruebas demuestran “sobradamente” que “formó y forma parte de la organización liderada por Castedo”.
Pero el juez instructor convocó a indagatoria a Flores, Erva y Araujo, “a quienes llevaron a cabo el transporte de la sustancia en cuestión, más no al líder de la organización”, se quejaron los fiscales. Respecto de Torino, que en su momento compró El Aybal para la empresa Ansere SA (una off shore con domicilio en Uruguay), los fiscales insistieron en que “continúa efectuando actos de administración sobre la finca (…) bajo las órdenes y a instancia de Castedo”.
El juez tampoco accedió al embargo de las fincas aduciendo que Castedo no es el titular registral, pero esto es lo que vienen señalando precisamente los fiscales: que se llevaron a cabo una serie de maniobras “de lavado de activos” y la compra de las fincas era parte de esas maniobras.
“Se trata de una organización narcocriminal que persiste desde hace aproximadamente 20 años en la misma zona geográfica, con su epicentro en dos fincas que lindan con el Estado Plurinacional de Bolivia; que opera bajo la dirección de la misma persona –Delfin Castedo- quien incluso cuando estaba prófugo de la Justicia y actualmente estando detenido continúa dirigiendo los actos de la banda, la cual si bien ha variado su conformación –dada la incorporación de nuevos actores- mantiene una continuidad en el tiempo”, sostuvieron los fiscales en la apelación que espera una resolución de la Cámara.
